La Guardia Civil ha iniciado la investigación de tres personas residentes en distintas provincias de la península por su presunta implicación en tres delitos de estafa informática, cometidos mediante el acceso fraudulento a correos corporativos de varias empresas. Los delincuentes modificaban los números de cuenta en las facturas, provocando abonos bancarios fraudulentos.

Los hechos fueron denunciados por las empresas afectadas, al percatarse de que los pagos realizados no llegaban a los proveedores legítimos, pese a que estos habían cumplido con los servicios contratados. Las empresas afectadas, con sedes físicas en Las Rozas (Madrid), Paradas (Sevilla) y Jaén (Jaén), sufrieron un perjuicio económico superior a 240.000 euros, aunque gracias a la rápida intervención policial se logró recuperar más de 225.000 euros.

INTERVENCIÓN RÁPIDA Y BLOQUEOS BANCARIOS

La primera denuncia se presentó menos de 24 horas después de realizada la transferencia, lo que permitió a la Guardia Civil bloquear 200.000 euros en la primera cuenta receptora y otros 25.000 euros en una segunda cuenta fraudulenta. En los casos posteriores, las denuncias se presentaron días después, cuando las empresas afectadas recibieron requerimientos de pago de los proveedores legítimos. A pesar de que no fue posible bloquear los movimientos bancarios, el Equipo de la Cibercomandancia, dentro de la Operación DYNABEC, logró reconstruir la trazabilidad de los pagos y identificar a los tres presuntos implicados, residentes en Badajoz, Algeciras y Tarragona.

Este tipo de estafa informática provoca un doble perjuicio ya que las empresas pierden el dinero transferido de manera fraudulenta y, al mismo tiempo, deben satisfacer las facturas legítimas, que habían sido suplantadas mediante identidad corporativa falsificada.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La Guardia Civil recomienda desconfiar de correos que soliciten transferencias urgentes o secretas, incluso si provienen de directivos o compañeros. Es fundamental confirmar pagos mediante otros canales seguros, como llamada telefónica o presencial, y revisar cuidadosamente la dirección del remitente para detectar pequeñas variaciones respecto a la real. Las empresas deben establecer protocolos de pago que requieran la aprobación de varias personas antes de realizar transferencias y formar al personal con acceso a tesorería para reconocer fraudes electrónicos. En caso de que se produzca un pago fraudulento, se debe contactar de forma inmediata con la entidad bancaria y presentar la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Con estas acciones, la Guardia Civil busca proteger a las empresas y reducir la incidencia de estafas informáticas, que pueden afectar gravemente tanto a la economía como a la confianza en las operaciones digitales.