La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha defendido la necesidad de reducir la carga normativa y burocrática que soporta el sector agrario durante la clausura del IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste.

Durante su intervención, Morán ha invitado a los asistentes a reflexionar sobre la “ardua, extensa y a veces duplicada” normativa a la que deben hacer frente agricultores y ganaderos en su actividad diaria. En este sentido, ha subrayado que el sector asume especialmente el peso de las distintas regulaciones ambientales que afectan a su trabajo.

La consejera ha destacado el papel “primordial” y “complicado” del sector agrario, al que ha definido como una actividad que, en muchas ocasiones, se desarrolla en un contexto de “incertidumbres” y con importantes dificultades.

En su análisis, Morán ha repasado algunas de las principales directivas y normativas ambientales tanto europeas como nacionales. A su juicio, en numerosas ocasiones la normativa estatal “va mucho más allá que la europea”, lo que añade nuevas cargas administrativas y resulta “excesivamente estricta” para el sector.

MEDIDAS DE ALIVIO ADMINISTRATIVO EN EXTREMADURA

Ante esta situación, la consejera ha recordado que el Ejecutivo extremeño ha impulsado medidas para aliviar parte de estas obligaciones. Entre ellas, ha citado el Decreto Ley 5/2025, aprobado tras los incendios forestales del verano de 2025 en Extremadura, que incluyó ayudas extraordinarias y medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas, además de cambios en materia preventiva.

Gracias a esta normativa, según ha explicado, algunas actividades que antes requerían autorización ambiental unificada han pasado a tramitarse mediante comunicación ambiental autonómica o municipal —las conocidas como comunicaciones previas—, lo que simplifica los procedimientos. Asimismo, dentro de las autorizaciones abreviadas se ha reducido de forma significativa el número de proyectos sometidos a evaluación ambiental.

LA CARGA DE LA PAC Y EL PACTO VERDE

Morán también ha señalado que, además de la normativa ambiental, el sector agrario debe cumplir las exigencias ambientales y agronómicas vinculadas a la Política Agraria Común (PAC). En su opinión, la carga administrativa derivada de estas normas se ha incrementado con las condiciones establecidas en el Pacto Verde europeo.

“La carga burocrática de la PAC se ha multiplicado”, ha afirmado la consejera, quien ha advertido de que esta situación está llevando al agricultor y al ganadero “por un camino difícil, muchas veces inasumible”.

Además, ha señalado que a estas dificultades se suma la firma de acuerdos comerciales con países terceros, que a su juicio generan una pérdida de competitividad para los productores europeos.

EQUILIBRIO ENTRE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE

Finalmente, la consejera ha subrayado que el objetivo debe ser alcanzar un equilibrio entre la protección del medio natural y el desarrollo social y económico de Extremadura. “Lo que buscamos es el equilibrio: proteger nuestro inigualable entorno natural y, al mismo tiempo, garantizar el desarrollo del sector agrario y del conjunto de la región”, ha concluido.