UPA-UCE Extremadura ha advertido de que las “importaciones masivas” de arroz procedente de países extracomunitarios están provocando un hundimiento del mercado y generando precios “ruinosos” para los productores extremeños.

El secretario general de la organización, Óscar Llanos, ha trasladado esta situación durante la reunión sectorial celebrada este martes en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid.

Según la organización agraria, el sector arrocero atraviesa una situación “muy complicada” a nivel nacional, con alrededor del 50% de la producción de la última campaña aún sin vender. Además, el arroz que sí se comercializa lo hace a precios que consideran insuficientes para cubrir los costes de producción.

En el caso de Extremadura, segunda comunidad productora de arroz en España, la campaña ha estado marcada por las adversidades climáticas. Las lluvias de finales de primavera retrasaron de forma significativa la siembra y, posteriormente, las olas de calor prolongadas y la falta de materias activas fitosanitarias redujeron la cosecha en torno a un 25%.

AMENAZA A LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES

La organización agraria ha advertido de que esta combinación de menor producción y bajos precios amenaza la viabilidad de numerosas explotaciones arroceras extremeñas si no se adoptan medidas urgentes.

UPA-UCE atribuye parte de la situación a la ausencia de una cláusula de salvaguardia en vigor y a lo que considera una falta de transparencia en el etiquetado del origen del producto, lo que dificulta que el consumidor identifique la procedencia del arroz que adquiere.

En este contexto, la organización ha defendido que el arroz extremeño y español ofrece mayores garantías de calidad y seguridad alimentaria que el procedente de terceros países, cuyos menores costes de producción —asegura— hacen imposible competir en igualdad de condiciones.

Entre las reivindicaciones trasladadas al Ministerio, UPA-UCE Extremadura reclama la implantación de un etiquetado obligatorio en origen, la activación de una cláusula de salvaguardia efectiva frente a importaciones y la inclusión de medidas específicas de apoyo al sector arrocero en la nueva Política Agraria Común (PAC).