La Federación Extremeña de Caza y la Fundación Artemisan se han personado como acusación popular en el procedimiento judicial abierto contra cuatro personas detenidas el pasado mes de diciembre en la provincia de Badajoz por su presunta implicación en delitos contra la protección de la fauna, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Ambas entidades han dado este paso en línea con su postura habitual frente al furtivismo, reafirmando el compromiso del sector cinegético con la defensa de la legalidad y la conservación del medio natural.

INVESTIGACIÓN DEL SEPRONA

La actuación judicial tiene su origen en una investigación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, tras detectar un incremento de episodios de caza ilegal en las zonas de Villar del Rey, Alburquerque y otros puntos del oeste y sur de la provincia pacense.

Los agentes sorprendieron a los ahora investigados portando armas supuestamente modificadas, visores térmicos y diverso material, además de ropa y calzado con restos de sangre. Posteriormente, las pesquisas permitieron confirmar que, en un coto cercano, habían abatido de manera ilegal un gamo y tres ciervos, a los que habrían decapitado para utilizar las cabezas como trofeo.

GRUPO ORGANIZADO Y DAÑOS ECONÓMICOS

Según la investigación, los cuatro acusados actuarían de forma coordinada, con reparto de funciones y planificación previa, principalmente en horario nocturno. Los investigadores no descartan su vinculación con otros episodios registrados en la zona desde el pasado año.

El valor estimado de los animales abatidos superaría los 41.000 euros, a lo que se suman los perjuicios medioambientales derivados de estas prácticas.

RECONOCIMIENTO A LA GUARDIA CIVIL

Desde el sector cinegético se ha trasladado un reconocimiento expreso a la labor desarrollada por la Guardia Civil y, en particular, por el SEPRONA, destacando la importancia de su trabajo para frenar este tipo de delitos.

Las entidades personadas subrayan que el furtivismo perjudica gravemente al medio natural, a la actividad cinegética legal y a la imagen de los cazadores responsables, y confían en que la colaboración entre administraciones, fuerzas de seguridad y el propio sector contribuya a erradicar estas conductas delictivas.