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sábado. 25.04.2026 |
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La Junta reclama al Gobierno que defienda al campo extremeño en la Unión Europea

Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea.
La Junta reclama al Gobierno que defienda al campo extremeño en la Unión Europea

El gobierno autonómico considera fundamental que la futura PAC cuente con recursos suficientes y preserve su carácter propio dentro del presupuesto europeo.

La Junta de Extremadura ha reclamado este jueves durante el Pleno de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) que España defienda en la Unión Europea una Política Agraria Común (PAC) diferenciada y adecuadamente financiada, que tenga en cuenta las particularidades del sector agrario de la región y garantice la sostenibilidad económica, social y territorial del medio rural.

El gobierno autonómico considera fundamental que la futura PAC cuente con recursos suficientes y preserve su carácter propio dentro del presupuesto europeo, dada su relevancia estratégica para regiones con un fuerte peso del sector primario, como Extremadura.

La Junta también trasladó su preocupación por la falta de convocatorias del foro desde 2022, a pesar de que la normativa establece al menos una reunión anual. Esta situación limita la participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos, entre ellos, las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y la futura PAC.

Extremadura alertó de que la arquitectura planteada por la Comisión Europea concentra en los Estados miembros la capacidad de decisión sobre los fondos, reduciendo el papel de las regiones. La Junta defiende que las comunidades autónomas son actores esenciales para garantizar que los fondos europeos lleguen de manera efectiva al tejido productivo, los municipios y la ciudadanía, y que la cercanía al territorio es clave para una gestión adaptada a las necesidades reales.

En este contexto, la Junta ha solicitado información clara sobre la posición de España ante la nueva PAC y cómo se garantizará la equidad y la participación efectiva de todas las comunidades autónomas en las decisiones sobre los fondos europeos.

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