El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco José Ramírez González, ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que solicita que el Gobierno de España se oponga a la propuesta de la Unión Europea de reducir o prohibir la caza de la codorniz común (Coturnix coturnix).

La carta, enviada este miércoles 4 de febrero, incluye las alegaciones de la Junta de Extremadura contra el proyecto comunitario de rebajar los cupos de capturas de esta especie, considerada emblemática de la caza menor tanto en España como en Extremadura, y va acompañada de un informe técnico que respalda la posición del Ejecutivo autonómico.

El planteamiento de la Comisión Europea será abordado los días 12 y 13 de febrero en una reunión de la Task Force sobre la Directiva Aves, en la que se analizará la posibilidad de una prohibición temporal o una reducción significativa de la caza de la codorniz. Esta iniciativa se apoya en el informe del Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS) sobre el estado de conservación de la especie en Europa, documento que ya fue examinado el pasado 29 de diciembre en una reunión telemática de directores generales autonómicos competentes en materia cinegética.

Desde la Junta de Extremadura se considera que los datos y conclusiones del informe comunitario no presentan la solidez suficiente para justificar las medidas propuestas. El Ejecutivo regional defiende que el suroeste europeo no puede ser evaluado con parámetros reproductivos extrapolados de latitudes más septentrionales y subraya la necesidad de incorporar datos nacionales y regionales en la toma de decisiones.

Asimismo, la Junta advierte del impacto socioeconómico que tendría una reducción o prohibición de la caza de la codorniz, especialmente en el medio rural, donde esta actividad contribuye al mantenimiento de economías locales, al empleo directo e indirecto y a la inversión privada en la gestión y mejora de los hábitats naturales.

Por todo ello, el Gobierno autonómico insta al Ejecutivo central a mantener una posición de oposición firme ante la Unión Europea y a defender un enfoque basado en criterios técnicos y científicos, en la proporcionalidad de las medidas y en los principios de buena gobernanza.