La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha cuestionado duramente el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, al que ha definido como un “mandato político” que perpetúa las desigualdades entre regiones y responde a intereses partidistas.

Antes de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada este miércoles en Madrid, Manzano subrayó que el sistema planteado no puede considerarse un modelo técnico de financiación, sino un pacto político que beneficia a determinadas comunidades a costa de otras. En concreto, criticó que Cataluña reciba 4.700 millones de euros, mientras que Extremadura no obtendría ni un solo euro de los 21.000 millones previstos para el conjunto de autonomías.

Manzano acusó al Gobierno de dar prioridad a criterios electorales y estratégicos. A su juicio, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habría diseñado la propuesta pensando en los intereses de territorios como Andalucía, donde se avecinan elecciones, asegurando que “da igual la cifra que reciba Cataluña, siempre Andalucía tiene que recibir más”.

La consejera extremeña también denunció que el modelo ignora las dificultades de las regiones con problemas de despoblación, como Extremadura, al basar la asignación en un porcentaje muy alto de población (97%) sin tener en cuenta el coste real de prestar servicios públicos en territorios extensos con baja densidad demográfica. “Los extremeños tienen derecho a recibir servicios sanitarios y educativos en igualdad de condiciones que en Madrid, Cataluña o Baleares”, afirmó.

Además, Manzano puso en duda la eficacia de los fondos de compensación interterritorial previstos en la propuesta, que apenas proporcionarían recursos adicionales significativos para Extremadura, y adelantó que la región hará uso de todas las herramientas jurídicas disponibles para combatir lo que considera una vulneración del principio constitucional de igualdad.

Previamente, la propia Junta de Extremadura había cifrado en 700 millones de euros anuales las pérdidas que este nuevo sistema supondría para la comunidad en comparación con el actual, y advirtió que podría acudir al Tribunal Constitucional si la iniciativa se materializa en una ley.

Las críticas al modelo no son exclusivas de Extremadura. Otras comunidades, tanto del PP como del PSOE, han expresado su rechazo, argumentando que el sistema favorece a algunos territorios frente a otros y rompe con el principio de igualdad y solidaridad interregional.