La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, iniciará la próxima semana negociaciones con VOX para alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en Extremadura. La dirigente del PP estaría dispuesta a ofrecer a la formación liderada por Óscar Fernández Calle en Extremadura no solo su apoyo para la investidura, sino también su entrada en el Ejecutivo autonómico, con responsabilidades de gestión y toma de decisiones.

El objetivo de Guardiola es garantizar la estabilidad política, económica y social de la región durante la legislatura que comienza tras las elecciones del pasado 21 de diciembre. Las conversaciones abordarán de manera global la composición del Gobierno de la Junta, el funcionamiento de la Asamblea y la aprobación de los presupuestos.

Entre los puntos de entendimiento, los negociadores ven margen en materias como inmigración. Sin embargo, advierten de líneas rojas, especialmente en políticas de igualdad, que no estarían sujetas a negociación.

El calendario parlamentario marca el 20 de enero como fecha clave para la constitución de la nueva Asamblea, integrada por 65 diputados. Ese día se elegirá a la Presidencia de la Cámara y al resto de la Mesa de la Asamblea, un reparto que servirá como primer termómetro de los pactos políticos que hagan posible la investidura de la presidenta de la Junta.

Aunque la abstención de VOX sería suficiente para que Guardiola vuelva a ser elegida presidenta, la líder del PP ha decidido avanzar más allá y proponerles una participación activa en el Ejecutivo autonómico. VOX, que duplicó su representación en los comicios al alcanzar 11 diputados, se perfila así como un actor clave en la nueva legislatura.

Por su parte, el PSOE, con 18 diputados, mantiene su papel de principal partido de la oposición. La portavoz del partido, Piedad Álvarez, confirmó que no ha habido contactos sobre un posible pacto de abstención y reivindicó el papel de su formación pese a los resultados adversos.

La negociación entre PP y VOX busca cerrar un acuerdo integral que permita avanzar en la aprobación de presupuestos y asegurar la estabilidad de la región durante los próximos cuatro años.