El Partido Popular de la provincia de Cáceres ha manifestado su rechazo a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de retirar del municipio de Casatejada a los agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

Desde el PP provincial han expresado además su total apoyo a los alcaldes de Casatejada, Serradilla, Toril, Saucedilla y Majadas de Tiétar, quienes han firmado un documento conjunto dirigido al Ministerio del Interior en el que solicitan la anulación de la orden de desmantelamiento del SEPRONA. En dicho escrito también reclaman que se complete el catálogo de agentes correspondiente al municipio, ya que actualmente solo hay tres efectivos, así como la realización de las obras necesarias para la conservación y mejora de las dependencias del cuartel, cuyo estado califican de lamentable.

Para el Partido Popular, esta decisión supone un nuevo ejemplo del desinterés del Gobierno central por los pueblos de la provincia de Cáceres y por la seguridad del Parque Nacional de Monfragüe, que limita con el término municipal de Casatejada.

La formación popular considera que esta medida perjudica la seguridad tanto de los vecinos de Casatejada como del conjunto de la comarca, y subraya que se produce coincidiendo con la entrada del Partido Popular en el gobierno municipal.

Asimismo, el PP critica lo que califica como el trato del Partido Socialista desde Madrid, con el respaldo de los diputados socialistas cacereños, hacia los municipios que muestran su desacuerdo con las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras y comunicaciones. En este sentido, señalan que Casatejada mostró en pleno su rechazo a la postura del PSOE respecto a la Central Nuclear de Almaraz, lo que, a su juicio, habría derivado en este “castigo”, atribuido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien, según indican, no ha respondido a las preguntas formuladas por el alcalde del municipio.

Finalmente, el Partido Popular ha mostrado su apoyo a la recogida de firmas, a las reivindicaciones realizadas en sesiones plenarias y a todas aquellas medidas que permita la legalidad para poner fin a lo que consideran un nuevo agravio hacia una comarca que, aseguran, está en el punto de mira del Gobierno de Pedro Sánchez.