El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado inicialmente la Ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones (ZBE) y el proyecto de implantación, que deberá estar operativo antes del 31 de diciembre de 2025 para no perder las ayudas estatales destinadas al transporte urbano.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del Partido Popular, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox y Unidas Podemos. La sesión plenaria se celebró con carácter de urgencia debido a la necesidad de aprobar este trámite dentro del plazo exigido por el Gobierno central.

El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, explicó que la aprobación “resuelve una imposición del Gobierno central, que amenaza con retirar las ayudas al transporte público si no se cuenta con una ZBE operativa a finales de año”. Según señaló, la medida “es una obligatoriedad, no una necesidad”, y se limita a adaptar como ZBE los espacios ya protegidos en la ciudad.

SIN NUEVAS RESTRICCIONES

La futura zona de bajas emisiones del centro histórico no incorporará restricciones adicionales respecto al sistema de accesos vigente desde hace años, regulado mediante cámaras y actualizado en 2023. Actualmente, el acceso se autoriza en función del uso y la necesidad -residentes, servicios esenciales, emergencias, PMR, carga y descarga o alojamientos turísticos- y no por distintivo ambiental.

Muriel recordó que estos criterios se mantendrán sin cambios, ya que el modelo “funciona adecuadamente y no compromete los objetivos de la ZBE”. La posible incorporación de restricciones ligadas al etiquetado ambiental se estudiará en futuras actualizaciones vinculadas al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, previsto para 2026, y siempre tras evaluar su impacto en sectores como taxi, VTC, reparto o servicios profesionales.

SIN REDUCCIÓN DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO

El proyecto tampoco contempla reducción de plazas de aparcamiento en el Centro Histórico, que ya funciona con un régimen de acceso muy limitado donde solo estacionan residentes y vehículos autorizados. La oferta actual está ajustada a la demanda y no se prevén reestructuraciones en esta fase.

El Ayuntamiento únicamente valorará cambios futuros si contribuyen a reforzar la movilidad peatonal o mejorar el uso del espacio público, siempre que no afecten negativamente al funcionamiento del casco histórico.