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La Junta luchará para evitar la demolición de la Isla de Valdecañas
Tras la desestimación por parte del Tribunal Constitucional de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo total, el Ejecutivo autonómico defenderá ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura su continuidad.
La Junta de Extremadura seguirá tratando de luchar para evitar la demolición del complejo turístico Isla de Valdecañas (Cáceres), declarado ilegal por la justicia por levantarse en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Tras la desestimación por parte del Tribunal Constitucional de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo total -tanto de lo construido como de las estructuras inacabadas-, el Ejecutivo autonómico defenderá ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que la normativa aprobada en 2023 avala la continuidad del resort.
Aquel cambio legal, conocido como ley ZEPA, fue aprobado para regular 55 territorios extremeños como Zonas de Especial Protección para las Aves e introdujo un artículo que daba cobertura a los usos del suelo y transformaciones urbanísticas preexistentes en esos espacios. Con esta modificación, la Junta argumenta que el complejo -que incluye un hotel, 185 chalés, campo de golf, y otras instalaciones- no debería ser derribado.
En paralelo, el Gobierno extremeño impulsa dos decretos que redefinen los límites de medio centenar de Zonas de Especial Protección de Aves y de 13 Lugares de Interés Comunitario. Las nuevas delimitaciones pretenden corregir errores cartográficos detectados en la definición original y, en la práctica, retirar del suelo protegido la zona donde se ubica Isla de Valdecañas. Para ello se están utilizando modelos digitales del terreno basados en tecnología LiDAR, que permiten ajustar con precisión los límites administrativos a la realidad física del terreno.
Los dos procedimientos -la defensa del cambio normativo de 2023 ante el TSJEx y la tramitación de los nuevos decretos cartográficos- conforman la estrategia con la que la Junta pretende mantener en pie el complejo turístico, más de quince años después del inicio del litigio que cuestionó su legalidad.
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