Tras la desestimación por parte del Tribunal Constitucional de los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordena su derribo total, el Ejecutivo autonómico defenderá ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura su continuidad.

El derribo parcial y la anulación del proyecto se ordenaron por primera vez en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ordenó la reposición de los terrenos a su situación anterior.