La representación legal de David Sánchez Pérez-Castejón ha solicitado formalmente la recusación de los tres jueces previstos para enjuiciarlo en la Audiencia Provincial de Badajoz. La petición, registrada por el procurador José Antonio Venegas Carrasco, sostiene que la participación previa de estos magistrados en la causa impide que puedan abordar el juicio con la neutralidad exigida.

El escrito señala que los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano Molera y María Dolores Fernández Gallardo ya intervinieron en decisiones clave durante la fase de instrucción. Concretamente, resolvieron un recurso de apelación que, según la defensa, incluyó consideraciones que van más allá del análisis indiciario propio de esa etapa.

A juicio del equipo jurídico, en aquella resolución los jueces realizaron valoraciones que reflejarían una posición tomada sobre aspectos esenciales del caso, lo que, en su opinión, compromete la garantía de imparcialidad objetiva.

En el documento presentado, la defensa enumera fragmentos del auto de apelación que, a su entender, evidencian un acercamiento excesivo a las tesis de la acusación. Entre ellas, menciona expresiones en las que el tribunal cuestiona la necesidad del puesto investigado, califica una propuesta de personal de “excesiva” o atribuye intenciones como “camuflar” cambios de funciones.

El abogado de Sánchez argumenta que ese tipo de apreciaciones, junto con adjetivos empleados para describir pruebas o actuaciones, suponen valoraciones impropias de una fase previa al juicio oral y revelan una predisposición que debería invalidar al tribunal para juzgar la causa.

GALLARDO Y EL HERMANO DE PEDRO SÁNCHEZ 

La justicia mantiene una investigación abierta sobre la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El caso se inició tras una denuncia presentada por Manos Limpias, en relación con su incorporación a la Diputación de Badajoz, institución que en aquel momento presidía Miguel Ángel Gallardo, hoy candidato socialista a la Junta de Extremadura.

La causa avanzó después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz decidiera abrir diligencias previas para esclarecer si la creación de la plaza a la que accedió David Sánchez pudo implicar irregularidades vinculadas a delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, así como posibles hechos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación.