Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones en toda España, incluyendo Extremadura, en protesta por el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, que mantiene congeladas las nóminas de este año e impide alcanzar un nuevo acuerdo salarial y otras mejoras en las condiciones laborales del personal público.

Las tres organizaciones, que representan más del 80% del conjunto de empleados y empleadas públicas, ya advirtieron el pasado mes de septiembre que, si no se retomaban las negociaciones de forma inmediata, se adoptarían medidas de presión.

Bajo el lema “negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, las movilizaciones comenzarán el 30 de octubre con concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno en todo el país —también en Extremadura— y ante el Ministerio de Función Pública en Madrid. Si la situación no cambia, está prevista una gran concentración en noviembre en la capital, y, en caso de persistir el bloqueo, las organizaciones sindicales convocarán una jornada de huelga a nivel nacional en diciembre.

Los sindicatos denuncian que la inacción del Ministerio agrava los problemas que padecen las trabajadoras y trabajadores del ámbito público, así como los servicios que recibe la ciudadanía. Subrayan que los asuntos más urgentes afectan tanto al ámbito salarial como al empleo y las condiciones laborales.

Entre las críticas, destacan la reciente Oferta de Empleo Público (OEP) aprobada por el Gobierno sin el respaldo sindical, por considerar que reduce la creación de empleo neto, limita la promoción interna y mantiene la tasa de reposición. Según los sindicatos, en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos, mientras que la nueva oferta solo contempla 4.500 plazas de empleo neto.

Asimismo, recuerdan que la temporalidad en las Administraciones Públicas sigue cercana al 30%, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha instado a elevar las indemnizaciones de las personas afectadas y a sancionar a las administraciones que abusen de la contratación temporal.

UGT, CCOO y CSIF exigen al Ministerio de Función Pública la inmediata reanudación de las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo salarial, recuperar el poder adquisitivo perdido, mejorar las condiciones laborales y aprobar un plan de empleo que refuerce los servicios públicos y garantice la estabilidad del personal.