ACTUALIZADO A LAS 17.09 HORAS

Los sindicatos convocantes de la huelga en la enseñanza pública en Extremadura, celebrada este martes 7 de octubre, han cifrado en más del 80% el seguimiento de la jornada de protesta, mientras que el Gobierno regional ha indicado que el seguyiniento ha sido del 42,61 por ciento. 

La Junta añade que el 57,39 por ciento de los docentes han acudido a su puesto de trabajo. La jornada se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias reseñables. 

Los servicios mínimos, negociados con los sindicatos y establecidos en una resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) por la Junta de Extremadura, están funcionando con normalidad. En concreto, los datos por tipo de centro y por provincia son los siguientes: Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Cáceres: 38,28 por ciento. Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de la provincia de Badajoz: 48,43 por ciento. 

Los Centros Rurales Agrupados (CRA) en la provincia de Cáceres ha sido de un 24,18 por ciento, en la de Badajo de un 36,02 por ciento. En el caos de los Centros de Educación Especial (CEE) provincia de Cáceres: es del 43,64 por ciento y en la provincia de  Badajoz es del 26,15 por ciento. 

En cuanto a los Institutos de Educación Secundaria (IES) provincia de Cáceres: 44,18 por ciento. Institutos de Educación Secundaria (IES) provincia de Badajoz: 49,84 por ciento. Institutos de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) provincia de Badajoz: 52,27 por ciento y los de la provincia de Cáceres la han seguido en un 44,47 por ciento.

LA PROTESTA

La movilización tiene como objetivo exigir a la Junta de Extremadura la homologación salarial del profesorado con respecto al resto del país.

La convocatoria, respaldada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos, forma parte de una serie de acciones reivindicativas que reclaman a la Administración regional un cambio de actitud en la negociación. En palabras del secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Extremadura, Tomás Rodríguez, la Junta debe "volver a ponerse en modo negociación" y reconsiderar el uso de recursos públicos, como los recientes 90 millones de euros en rebajas fiscales, que podrían destinarse a mejorar la situación del profesorado.

Rodríguez, en representación de todas las organizaciones convocantes, ha advertido que, de no alcanzarse un acuerdo, los docentes extremeños serán en 2026 los peor remunerados de España, pese a acuerdos de mejora firmados en otras comunidades autónomas.

La jornada de huelga ha incluido una manifestación en Mérida, desde la rotonda del Puente Lusitania hasta la Plaza de España, en la que los manifestantes han portado pancartas con lemas como "Docentes extremeños cobran como el resto" o "En Extremadura educar es barato". Estaban convocados más de 16.000 docentes de todas las etapas y niveles educativos.

Además de la reclamación salarial, el profesorado también exige otras mejoras como la reducción de ratios en las aulas, menos carga burocrática, mayor apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales y el adecuado mantenimiento de los centros.

Para garantizar el funcionamiento básico de los centros educativos, se han establecido servicios mínimos acordados entre la Consejería de Educación y el Comité de Huelga, similares a los fijados en anteriores convocatorias.

PREDISPOSICIÓN DE LA JUNTA 

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha recalcado que la predisposición de la Junta para negociar es "toda" y que puso, "desde un primer momento, soluciones encima de la mesa".

Entre ellas, ha citado un subida salarial de 80 euros al mes en 14 pagas, lo que suponía un aumento de 1.120 euros al año y un impacto presupuestario de casi 23 millones de euros.

"Esta medida no está hoy en vigor, no está ya este dinero en el bolsillo de los docentes porque fue rechazado por los agentes sociales, porque fue rechazado por los sindicatos", ha señalado Elena Manzano.

En este sentido, ha incidido la portavoz de la Junta en que los servicios públicos son "una prioridad" para la Junta, que está abierta a "retomar esa negociación y a solventar esta situación lo antes posible".