El personal docente de Extremadura está llamado este martes, 7 de octubre, a una huelga general en la enseñanza pública convocada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos, para reclamar la homologación salarial del profesorado con el resto de comunidades autónomas.

La movilización, que afecta a más de 16.000 maestros y profesores de todas las etapas educativas, se produce tras la falta de avances en las negociaciones con la Junta de Extremadura. Los sindicatos, que integran la Mesa Sectorial de Educación, advierten de que, si no hay acuerdo, a partir del 1 de enero de 2026 los docentes extremeños serán los peor pagados de España, pese a que -según un informe de FUNCAS- son los que muestran mayor implicación y voluntariedad en su labor educativa.

Además de la jornada de huelga, las organizaciones sindicales han convocado una manifestación en Mérida a partir de las 11.00 horas, que partirá de la rotonda del Puente Lusitania y recorrerá las calles Almendralejo, Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo, hasta finalizar en la Plaza de España, donde se leerá un manifiesto conjunto.

La protesta pretende denunciar la brecha salarial que separa a los docentes extremeños de la media nacional y reclamar un calendario de equiparación retributiva. Los sindicatos exigen también mejoras en las condiciones laborales, la reducción de ratios y el refuerzo de plantillas para mejorar la calidad educativa.

SERVICIOS MÍNIMOS GARANTIZADOS

Para asegurar el funcionamiento básico de los centros educativos, la Consejería de Educación ha establecido servicios mínimos, acordados con el Comité de Huelga, similares a los de convocatorias anteriores.

Estos servicios incluyen las actividades esenciales para garantizar el derecho a la educación, las funciones de dirección y apertura de los centros, así como la atención a los alumnos internos en los centros con residencia.

La resolución, publicada el viernes, 3 de octubre, recuerda que los directores deben designar nominativamente al personal encargado de cumplir los servicios mínimos, y que el incumplimiento de estas obligaciones podrá acarrear sanciones disciplinarias.

Desde la Junta se insiste en que el cierre total de los centros está expresamente prohibido, al considerarse contrario a la normativa vigente.

Mientras tanto, los sindicatos aseguran que la huelga es una “respuesta necesaria” ante la inacción del Gobierno regional y advierten que, si no hay avances tras la Mesa Sectorial de la próxima semana, las movilizaciones continuarán.