La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común presentado por el Gobierno central.

Se trata de una versión más desarrollada jurídicamente de las alegaciones que la Junta ya había presentado en fase de consulta previa en junio, y que en aquel momento no fueron tenidas en cuenta. Según destacan desde la administración regional, la norma no cuenta con consenso entre las comunidades autónomas, como ya se puso de manifiesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero, donde los territorios gobernados por el PP mostraron su oposición.

Desde la Junta de Extremadura se señala que lo que el Estado denomina “condonación de deuda” no elimina la deuda, sino que la transfiere del nivel autonómico al estatal. Además, se considera que la norma es arbitraria, discriminatoria y politizada, al no incluir a territorios como Ceuta y Melilla, y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera carece de competencias para abordar un asunto que requiere Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales.

El Ejecutivo extremeño advierte también de que el anteproyecto podría atentar contra los principios de igualdad y justicia y generar “graves disfunciones económico-presupuestarias”. Por ello, propone la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica, mediante la modificación de la LOFCA y la LOEPSF, reforzando los principios de autonomía y suficiencia financiera y recogiendo el consenso alcanzado en órganos multilaterales como la Conferencia de Presidentes y el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, la Junta apuesta por la reestructuración de la deuda, una medida que ya ha aplicado este año y que ha supuesto un ahorro de 20 millones de euros destinados a Educación, Sanidad y refuerzo de los servicios públicos de la región.