La Junta de Extremadura ha manifestado su rechazo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, al considerar que no se ajusta a la realidad de la región y podría aumentar las desigualdades territoriales. El Ejecutivo extremeño advierte que algunas comunidades autónomas podrían tener dificultades para aportar el 40% de la financiación exigida por el Gobierno central, y critica que el plan se haya elaborado sin consenso con las autonomías.

Según la Junta, el plan del Gobierno de Pedro Sánchez incorpora altos límites de renta y alquileres que no reflejan la situación de Extremadura: hasta 5 IPREM para beneficiarios, incluso para familias vulnerables, y cuantías de hasta 1.000 euros por vivienda y 500 euros por habitación. Además, el documento no incluye medidas específicas para el ámbito rural, uno de los sectores más afectados en la región.

La secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Junta, Lidia López Paniagua, destacó en la Comisión Multilateral del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que el plan aumenta la carga normativa y de control para las autonomías, al introducir la creación del Depósito de Fianzas, el Registro de Arrendamientos y la obligación de presentar informes periódicos.

La Junta considera que el plan está marcado por falta de ambición, tensiones políticas y dudas sobre su financiación, y advierte que su horizonte de resultados es incierto. Mientras el Gobierno lo presenta como un pilar del Estado del bienestar, desde Extremadura y otros sectores se considera que no tiene capacidad transformadora real sin un mayor consenso autonómico, claridad en sus metas y atención a las necesidades más inmediatas, especialmente en áreas rurales y zonas con menor poder adquisitivo.