La Junta de Extremadura recurrirá el auto de un juzgado de Mérida que rechazó su solicitud de medidas cautelares para obligar a varias empresas de transporte escolar a reanudar servicios en algunas rutas. Esta actuación se enmarca dentro de la denuncia penal interpuesta por presunto incumplimiento del acuerdo marco suscrito con el sector en 2024.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una ayuda de 0,26 euros por kilómetro para las familias de alumnos afectados por la suspensión del servicio de transporte escolar. La medida busca compensar el gasto de llevar a los niños a los centros educativos por otros medios. La ayuda se concederá de manera directa, considerando dos recorridos diarios por alumno, y estará vigente hasta que se restablezca por completo el transporte escolar.

Entre el 11 y el 19 de septiembre, las familias deberán ser beneficiarias del transporte escolar para acceder a la ayuda. A partir del 22 de septiembre, la Junta verificará de oficio la asistencia de los alumnos a los centros educativos.

La estimación de gasto para sufragar esta ayuda hasta diciembre ascendería a unos 4 millones de euros. La Junta sostiene que la situación no se debe a falta de recursos ni a previsión, ya que en 2024 se firmó un acuerdo marco con un incremento de 16 millones de euros respecto al anterior de 2021.

El Gobierno regional ha asegurado que seguirá utilizando todas las herramientas judiciales y administrativas posibles para garantizar la prestación del servicio de transporte escolar, considerado esencial, y mantiene abiertas las negociaciones con las empresas del sector para resolver el conflicto.