La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para que este determine si es competente para investigar al actual diputado autonómico y exalcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ante la posible existencia de indicios de responsabilidad penal.

La iniciativa de la magistrada se produce tras constatar que Gallardo recibió su credencial de diputado el 21 de mayo, tan solo un día antes de que se dictara el auto de apertura de juicio oral en una causa que lo implica. Según recoge el escrito judicial, este hecho ha sido precedido por una serie de renuncias encadenadas y "extraordinariamente coordinadas" en el seno de la lista electoral socialista que habrían permitido su acceso a la Asamblea de Extremadura.

De acuerdo con la jueza, el acceso al escaño no se produjo de forma ordinaria —es decir, por renuncia individual y espontánea de uno o varios candidatos por causas justificadas—, sino mediante la dimisión simultánea y formalizada de cinco personas que precedían a Gallardo en la lista. Según Biedma, esta renuncia masiva se realizó de forma "exprés y conjunta", y tuvo como objetivo aparente garantizar su condición de aforado, circunstancia que supondría el traslado de su caso al ámbito del TSJEx.

Uno de los elementos que refuerzan esta sospecha, según la magistrada, es la intervención directa de un notario que se trasladó el 19 de mayo a la sede del PSOE en Mérida para formalizar las renuncias de cuatro candidatos. Tres de ellos, añade, residen fuera de la capital extremeña, lo que, a juicio del juzgado, sugiere una actuación previamente planificada y ejecutada con celeridad. El día siguiente, una diputada socialista renunció formalmente a su escaño, dejando vía libre para la entrada de Gallardo.

La jueza califica la operación como una posible "maniobra" diseñada para alterar el curso del procedimiento judicial en su contra, lo que podría vulnerar el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide el uso del derecho procesal con fines fraudulentos o de abuso.

La decisión final sobre si se abre causa contra Miguel Ángel Gallardo y si esta debe ser asumida por el alto tribunal extremeño recaerá ahora en el TSJEx, al tratarse de un diputado autonómico en ejercicio con condición de aforado.

REACCIÓN DE GALLARDO

El secretario general del PSOE de Extremadura y diputado autonómico, Miguel Ángel Gallardo, ha mostrado su malestar tras la exposición razonada remitida por la jueza Beatriz Biedma al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en la que se plantean posibles indicios de una maniobra para lograr su aforamiento de forma irregular.

Gallardo ha asegurado sentirse “sorprendido, enfadado y, sobre todo, pisoteado en sus derechos”, tanto como ciudadano como en su condición de parlamentario. 

En declaraciones públicas, el líder socialista ha defendido la legalidad del procedimiento que le permitió acceder a su escaño en la Asamblea regional, y ha rechazado de plano las sospechas esgrimidas por la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.