Este martes se llevó a cabo en Cáceres un amplio operativo conjunto en el marco de la Operación FAKE, en el que han participado agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local de Cáceres y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura, junto con un perito judicial de marcas.

La actuación se centró en la inspección de varios puestos instalados en el recinto ferial de la ciudad, con el objetivo de detectar la venta de artículos falsificados, en un operativo orientado a la protección de los derechos de propiedad industrial y la defensa de los consumidores.

Durante la inspección se identificaron varios puestos donde se comercializaban numerosos productos que aparentaban pertenecer a conocidas marcas comerciales del ámbito textil, juguetería y otros sectores. Tras los controles pertinentes, se constató que los responsables de dichos establecimientos no podían acreditar la legítima procedencia de los artículos mediante facturas de compra o documentación válida. Esta circunstancia, unida a las características visuales de los productos, llevó a los agentes a considerar que se trataba de productos falsificados.

Como resultado de la operación, se intervinieron más de 1.800 artículos presuntamente falsificados, entre ellos prendas de vestir, juguetes y efectos diversos, valorado todo ello en cerca de 145.000 euros.

Asimismo, se procedió a la investigación penal de dos personas por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial, uno de ellos además fue denunciado administrativamente por la supuesta comisión de infracciones en materia de contrabando, venta de artículos pirotécnicos y en materia de Seguridad Social.

En el marco del mismo operativo se procedió a la detención de tres hombres en situación irregular en territorio nacional, que fueron puestos a disposición de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cáceres, quienes se encargaron también de la tramitación de diligencias por desamparo de un menor extranjero no acompañado, de 17 años de edad.

La venta de productos falsificados no solo constituye un delito, sino que puede poner en riesgo la salud de la ciudadanía y contribuye a la economía sumergida, afectando a los comercios que actúan de forma legal y responsable.