La Sala de lo Penal del Supremo impone al agente una multa de 2.700 euros y el pago de más de 160.000 euros de indemnización a los familiares del fallecido.

El Alto Tribunal ha avalado las circunstancias agravantes apreciadas en el caso: alevosía, ensañamiento, el propósito de ocultar un delito previo y la comisión del crimen tras una agresión sexual.