De los fuegos registrados, 18 se han producido en la provincia de Badajoz y 17 en la de Cáceres. En ocho de ellos se ha activado el nivel 1 de operatividad del Plan Infoex, lo que implica un riesgo potencial para la población.

La mayoría de las viviendas serán en bloque, aunque también se contemplan unifamiliares, y abarcan de 60 metros cuadrados a un precio de unos 110.000 euros con garaje y trastero incluido.

Esta postura se produce tras la polémica generada por la reciente entrada del socialista Miguel Ángel Gallardo en la Asamblea autonómica.

El Gobierno regional defiende que deben ser los propios ayuntamientos quienes impulsen o reactiven el procedimiento, incluyendo una nueva consulta popular, tal y como figura en el pacto de gobierno que sustenta el actual Ejecutivo local en Don Benito. 

La estación está ubicada en la Nave 12 de la Travesía Adelardo López y entrará en funcionamiento este jueves, 3 de julio.

En esta edición, más de 40 personas desempleadas ya se han incorporado a estas lanzaderas, que ofrecen un programa gratuito de orientación, formación y acompañamiento individualizado para mejorar su empleabilidad.

El proyecto contempla la integración del Centro de Operaciones Autonómico de Cruz Roja en el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

La actuación contempla la instalación de nuevos equipos de climatización, ventilación y megafonía, así como la retirada de los dipositivos antiguos en estado de deterioro.

La filtración también afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros cargos como Juanma Moreno, presidente andaluz, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, nueve ministros del actual Ejecutivo, así como a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al presidente del Senado, Pedro Rollán.

Además, se puso en marcha el Bono Impulsa Futuro, que ofrece incentivos de hasta 15.000 euros para la contratación de parados de larga duración.

Las promociones se ubicarán en los barrios de Residencial Gredos, Nueva Ciudad, Vegas del Mocho y Residencial Universidad, distribuidas en un total de diez parcelas municipales.

Además, los centros deberán contar con un sistema de alarma tipo "botón del pánico" y un nuevo protocolo específico de actuación ante situaciones de violencia.

El plan, que contempla una inversión de 693.000 euros, se dirige a colectivos vulnerables, como personas con discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión social, ha agregado la portavoz. 

La ampliación del calendario de actividades extraescolares es una novedad que comenzará a implantarse durante el curso académico 2025/26, coincidiendo con la finalización del periodo lectivo. De este modo, el Ejecutivo pretende ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y familiar. 

El Gobierno extremeño ha asegurado que no puede entregar las viviendas en estas condiciones en que se dieron por finalizadas por el Ejecutivo anterior y se hace necesario licitar esas obras.

La medida tiene una doble finalidad: por una parte, contribuir a eliminar el riesgo para la salud derivado del amianto, y, por otra, reducir la siniestralidad laboral por caídas de altura, una de las principales causas de los accidentes laborales. 

Sánchez-Ocaña, concejal también en la corporación placentina, ha señalado que “si el año pasado se derrumbó un muro del IES Gabriel y Galán, la última semana ha pasado lo mismo con la fachada del IES Santa Bárbara, lo que propicia que nos preguntemos cuándo y dónde ocurrirá el siguiente derrumbamiento”.

En este periodo, un amplio dispositivo está en situación de alerta para ayudar en la misión de cuidar de lo más preciado de la región, del ecosistema. Está conformado por todos los efectivos que se movilizan en torno al Plan INFOEX. 

“Una nueva tarea que asumo con tanta humildad como ilusión, por ser el turismo el área en el que más he trabajado en los últimos 15 años”, ha señalado el nuevo director general, quien tiene una amplia experiencia en el sector ya que también es el presidente del grupo de acción local del Valle del Ambroz, Diva.

Para la puesta en marcha de esta medida, el Gobierno extremeño aporta 50.000 euros este año, 25.000 euros destinado a cada Colegio de Abogados. El convenio tiene una duración de un año y podrá prorrogarse anualmente, hasta un máximo de dos años.