La Unión de Consumidores de Extremadura ha difundido una serie de recomendaciones para quienes hayan sufrido daños en viviendas, vehículos o tierras a causa de los incendios registrados en la región. El objetivo es orientar a los afectados en la reclamación de indemnizaciones ante sus aseguradoras o, en su caso, ante la Administración pública.

El punto de partida es la existencia de una póliza de seguro que contemple la cobertura por incendio, sin la cual no es posible reclamar daños salvo que se aprueben ayudas gubernamentales. La normativa general establece un plazo de siete días para notificar el siniestro a la aseguradora, salvo que la póliza contemple un periodo distinto.

La organización aconseja no alterar el escenario del incendio, conservar los restos de los bienes dañados y documentar los desperfectos con fotografías, lo que facilitará la labor del perito. Una vez finalizada la intervención de los bomberos, se recomienda solicitarles un informe técnico detallado que describa las circunstancias observadas.

La indemnización dependerá de las causas del fuego. Si el origen es fortuito o natural, como un rayo, la compensación se limitará al seguro contratado. En caso de incendio intencionado o por negligencia, el responsable identificado deberá hacerse cargo de los daños, siempre que tenga solvencia o un seguro de responsabilidad civil que cubra la situación.

Cuando el inmueble afectado esté hipotecado, la Ley Hipotecaria obliga a contar con un seguro contra incendios que cubra al menos el continente, aunque la deuda con el banco se mantiene pese a la destrucción de la vivienda.

La Unión de Consumidores recuerda además que el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre los daños materiales derivados de incendios, a diferencia de lo que ocurre con fenómenos como inundaciones, temporales o terremotos. Sí incluye, en cambio, la cobertura de personas heridas o fallecidas durante las labores de extinción.

En definitiva, revisar la póliza contratada, notificar el siniestro dentro del plazo y conservar toda la documentación posible se convierten en pasos imprescindibles para que los afectados por los incendios puedan acceder a una compensación económica.