En el desarrollo del operativo, el perro efectuó un marcaje sobre una mujer que se disponía a acceder a la cárcel para visitar a un familiar interno.

Las gestiones de investigación dieron como resultado la localización de la vivienda, además de la plena identificación de la persona que gestionaba la plantación.

Fue la propia víctima la que denunció a la Policía Nacional de Mérida que una compañía telefónica le exigía el pago de 557,03 euros en concepto de contratación de hasta tres líneas de telefonía.

El propietario de la vivienda alertó a los agentes de que en la habitación que ocupaba la inquilina había entontrado sustancia estupefaciente y útiles necesarios para la fabricación de las dosis.

Los hechos ocurrieron el 15 de enero, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Ceclavín realizaba un servicio preventivo enfocado en el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Los hechos sucedieron sobre las 15:00 horas, cuando los agentes activaron uno de los controles aleatorios de personas que acceden a la prisión provincial de Badajoz, para la represión del tráfico de drogas. 

Los hechos ocurrieron en la mañana de este miércoles, cuando la mujer, llevando puesta una mascarilla y armada con un cuchillo, accedió al interior de la oficina de una entidad bancaria de esta localidad.

La mujer fue interceptada en un control preventivo de seguridad ciudadana, en una vía de comunicación próxima a la capital cacereña.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Policía Local de Talavera la Real observaron cómo un turismo circulaba en sentido contrario por la calle Don Daniel Gómez.

La conductora ha sido puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Ha envenenado, supuestamente, a varias especies de fauna protegida y a un animal doméstico utilizando cebos con veneno.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la noche en el domicilio de la agresora, ubicado cerca de la Plaza Toto Estirado.

Aparicio ha expresado su esperanza de que el secreto de sumario sea levantado pronto, lo que permitiría a la defensa tener acceso a todas las pruebas y ejercer su derecho de defensa de manera más amplia.

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil sigue recabando pruebas.