ICIAR MUÑOZ
La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Elisa Barrientos, ha dicho que esperan que los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Plasencia den las licencias de primera ocupación de las 22 viviendas de estancia temporal de víctimas de violencia de género y, así, las mujeres puedan acceder a ellas.
Barrientos ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Cultura, Mujer, Juventud, Cooperación al Desarrollo y Relaciones Informativas la Asamblea de Extremadura para dar cuenta de esta cuestión.
Ha explicado que hay 22 viviendas construidas pero equipadas sólo 12, y que hay seis en Plasencia, otras tantas en Cáceres y diez en Badajoz.
Ha agregado que las diez pacenses no están amuebladas ya que su uso está anexionado a la terminación de las obras de la Casa de la Mujer y el Menor, mientras que las otras 12 sí cuentan con el correspondiente equipamiento.
Ha subrayado que esas viviendas están desocupadas ya que no se cuenta con las pertinentes licencias municipales de primera ocupación y que, mientras tanto, el IMEX avanza en la resolución de los expedientes de demanda de esos inmuebles formulados por las mujeres afectadas.
Como ejemplos del proceso, ha explicado que el Ayuntamiento de Badajoz dice que el uso de la parcela es conjunto con la Casa de la Mujer y el Menor, el de Cáceres que hay que esperar al silencio administrativo, "que no se sabe cuánto dura", y que el de Plasencia pide que "se bajen los espejos de los cuartos de baño diez centímetros y se desbroce", lo que "ya se ha hecho".
Por su parte, ha continuado, el IMEX avanza en el proceso de evaluación de las solicitudes para elaborar los informes sociales, psicológicos y jurídicos, que son "muy precisos y muy concretos".
Ha resaltado que, en todo caso, en cuanto estén disponibles las licencias municipales de primera ocupación las beneficiarias y sus hijos podrán acceder a esas viviendas.
Barrientos ha explicado que se trabaja para facilitar a las damnificadas servicios de alojamiento y de atención integral en aspectos como el económico, el jurídico, el psicológico y el de la integración laboral.
Por su parte, la parlamentaria del PP Gema María Cortés ha afirmado que la Junta "llega muy tarde" en este asunto ya que el anterior Ejecutivo regional dejó las viviendas construidas y que el Reglamento autonómico ha sido aprobado con un año de retraso, lo que ha calificado como "desidia".
Ha añadido que hay recursos suficientes pero que hay colectivos femeninos, como las que no cuentan con cualificación laboral, que no son atendidas y ha preguntado que qué será de las futuras usuarias de esas viviendas cuando se concluya el plazo máximo de 12 meses de estancia en ellas y acaben las ayudas económicas.
A su vez, la diputada de Podemos Jara Romero, ha preguntado sobre cuestiones como el motivo de que la cifra de viviendas sea únicamente de 22 y por qué se ha tardado en aprobar el Reglamento pertinente, y ha aseverado que éste es "bastante parcial" porque sólo se fundamenta en aspectos técnicos sin tener en cuenta "la vulnerabilidad social".
También ha subrayado que se impone a las futuras beneficiarias puntos como que no puedan adecuar a su gusto las viviendas ni introducir en ellas mascotas, así como someterse al "cuestionamiento moral" al, por ejemplo, prohibírseles consumir bebidas alcohólicas tal y como puede hacerlo el resto de la población de una forma normal.
