ICIAR MUÑOZ
La Consejería de Educación y Empleo aplicará "a rajatabla" la Ley de Procedimiento Administrativo para que se cubran las plazas vacantes a la "mayor brevedad posible", después de que "más de 300 docentes interinos" hayan renunciado a una plaza vacante voluntaria desde que empezó el proceso de adjudicación.
La Consejería emitirá esta semana una instrucción en la que se informará de que el interino que quiera renunciar a una plaza adjudicada, deberá incorporarse igualmente al puesto de trabajo a la espera de una respuesta a su solicitud de renuncia por parte de la administración.
Además, el interino tendrá que presentar el escrito de renuncia en 24 horas. Entre los supuestos que prevé el decreto de interinos para renunciar se encuentran plazas a media jornada (el que más argumentan los docentes).
La Consejería de Educación ha tomado esta decisión tras las renuncias masivas por parte de interinos, "en algunos centros incluso hasta tres renuncias", según ha explicado el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, tras la Mesa Sectorial de Educación, donde se ha tratado este tema.
"No podemos permitir que haya plazas vacantes porque los profesores a las que se le han adjudicado renuncian", ha apostillado Rodríguez de la Cruz, quien ha precisado que para evitar esta situación, lo que se va a hacer es "endurecer" con "carácter inmediato" las condiciones de aceptación de las renuncias.
La medida ha sido considerada "favorablemente" por los sindicatos porque reconocen que "es competencia de la administración garantizar la escolarización obligatoria, que es un derecho constitucional", ha asegurado el secretario general de Educación.
Ha explicado que si el docente interino no cubre la plaza en el momento de la adjudicación, "sale de la lista".
"Hasta ahora presentaban renuncia y no esperaban respuesta", ha añadido, e incluso "se han producido renuncias que en muchos casos ni siquiera se habían autorizado", por lo que desde la Consejería de Educación van a "tratar de reconducir esta situación".
La administración, según la Ley de Procedimiento Administrativo, dispone de un plazo de "dos meses" para pronunciarse favorable o negativamente a la solicitud de renuncia aunque la Consejería "no va a agotar ese plazo" y tratará de responder "lo antes que se pueda".
De todo ello informará este departamento en una instrucción que emitirá a "la mayor brevedad posible, para que se aplique ya la semana que viene" y que se remitirá antes de su publicación a los sindicatos "para que todo el mundo sepa cuando entra en vigor".
Se trata, ha añadido, de una decisión que busca dar respuesta a una situación actual pero ha recordado que el compromiso de la Junta es negociar "lo antes posible" un nuevo decreto de interinos, donde este tema se contemple de "una forma más racional", así como otras cuestiones que también hay que "revisar".
