ISABEL BARRANTES
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la resolución de reclamaciones en materia de acceso a la información pública.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se rige por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como por las disposiciones que la desarrollan, y por su estatuto.
Mediante este convenio la Comunidad Autónoma de Extremadura cede al Consejo de la Transparencia y el Bueno Gobierno la competencia para gestionar las reclamaciones respecto de las resoluciones dictadas por su Administración propia y por las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los organismos y entes vinculados o dependientes de ambas y por las entidades integradas en el sector público regional, local o municipal.
La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Dicha previsión se contiene en los mismos términos en el artículo 25 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
Además, la Ley 19/2013 contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas atribuyan al Consejo de la Transparencia la competencia para la resolución de las reclamaciones mediante la celebración del correspondiente convenio, como el que ha autorizado hoy el Ejecutivo extremeño.
Así, mediante este convenio, Extremadura hace uso de la facultad que le confiere la Ley para atribuir al Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones en los supuestos de resoluciones dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en el sector público de ésta, y por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial.
La aportación de la Junta de Extremadura para el desarrollo del convenio se cifra en 2.363 euros para el ejercicio de 2016.
