El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Don Benito, José Luis Quintana, incumplió la ley de incompatibilidades de los altos cargos entre los años 2006 y 2011 cuando fue consejero de Agricultura y Medio Ambiente primero (hasta el 2007) y posteriormente titular de Fomento del gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara en la anterior legislatura, según ha informado David Vigario en el Periódico Extremadura.

Ademsa, la empresa de la que era socio en un 22,5% del accionariado -y de la que sigue siendo parte del consejo de administración-, facturó a Feval (Institución Ferial de Extremadura, con sede en Don Benito), un total de 160.366 euros desde los años 2006 a 2011, incluidos, por los servicios de asesoría y gestorías en materia laboral y fiscal. En concreto en el año 2006 recibió por sus trabajos 24.914 euros; en el 2007 fueron 27.543; en el 2008 las facturas ascendieron a 25.139; en el 2009, a 24.130 euros; en el 2010 a 28.653 y en el 2011 a 29.987.

Los motivos de la facturas era el pago de cuota por los servicios de contabilidad y también por hacerse cargo de la gestión de las cuotas laborales. Esta empresa también siguió facturando a la institución ferial durante dos años más con cantidades menores; en el 2012 (16.071 euros) y 2013 (2.076 euros), ya sin Quintana como consejero de la Junta aunque sí como vicepresidente de la Diputación de Badajoz. Feval se ha encontrado en este tiempo en pleno proceso judicial e implicada en varios registros judiciales por la UCO. De 2006 a 2011, la institución pública la presidía José Luis Viñuela, a la sazón diputado del PSOE, y compañero de partido en Don Benito de José Luis Quintana, imputado ahora por varios delitos delictivos, según ha informado David Vigario en el Periódico Extremadura.

Siendo consejero durante esos años, el ahora candidato del PSOE incumplió la Ley de Incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno. En concreto, la Asamblea de Extremadura aprobó la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma, la número 2/1984 que en sus artículos 13.2 y 23.2 determinaba el régimen de incompatibilidades del Presidente de la Junta y de los restantes miembros de su Consejo de Gobierno, que determinaba la "dedicación absoluta, siendo incompatible con el desempeño de toda actividad profesional, mercantil o industrial, de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, así como el desempeño de cualquier otra función representativa no derivada de su cargo ni del mandato parlamentario".

En particular, los cargos enunciados en el artículo 1 (presidente de la Junta y consejeros) son incompatibles "con el desempeño por sí o por personas interpuestas de cargos de todo orden en empresas o sociedades relacionadas con el sector público como concesionarios, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o ayudas de dicho sector, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas, con las excepciones previstas en la presente Ley", según ha informado David Vigario en el Periódico Extremadura.

La relación entre Feval y Ademsa no estaba recogida en contrato alguno firmado entre la institución y los servicios de la empresa de la que es socio Quintana y se prorrogaba todos los años sin concurrencia competitiva alguna (presentar al menos ofertas de tres empresas distintas), cuestión obligatoria si los contratos con la administración pública superan los 18.000 euros. De esta manera, Ademsa enviaba las facturas cada mes y Feval se limitaba a abonarlas. Hay que tener en cuenta que la entidad contaba de manera interna con un departamento de administración, formado por seis personas, más un administrador, un subdirector, una letrada, los servicios de un bufete de abogados externo (Garrigues) más una consultora de Relaciones Humanas, según ha informado David Vigario en el Periódico Extremadura.