Apag Extremadura Asaja exige al empresario Alfonso Gallardo que devuelva de manera urgente los diez millones de euros de subvención pública que recibió en los últimos años para la puesta en marcha de la refinería en Tierra de Barros.

 Con la confirmación de la Declaración de Impacto Ambiental Negativa (DIA) publicada ya esta semana en el Boletín Oficial del Estado, que confirma de manera oficial la imposibilidad de desarrollar la industria, creen que es fundamental  que parte de ese dinero se revierta, tal y como se plasmó por acuerdo en la Asamblea de Extremadura, según señala esta organización agraria en una nota de prensa.

En este sentido, Manuel Laparra, presidente de esta organización profesional agraria, recuerda que en el Debate sobre el Estado de la Región del pasado mes de junio se aprobó que 1,7 millones de euros irían destinados a los seguros agrarios (actualmente desactivados por el Gobierno regional) y otros 600.000 euros a la prima de polinización (también menguada por sucesivos recortes).

Por eso, también instan al Gobierno de Extremadura a ejecutar la devolución íntegra de dicha subvención, lo que paliaría en parte los ajustes que se han venido realizando por el ejecutivo en los últimos tiempos, lo que aliviaría así la situación agónica que padecen los agricultores y ganaderos extremeños.

Manuel Laparra destaca el hecho de que una parte muy importante de la resolución negativa se centre, según se recoge en el BOE, en "la transformación irreversible" que tendría para la zona de Tierra de Barros el impacto negativo de la industria petrolera, uno de los argumentos en los que ha insistido siempre Apag Extremadura Asaja para oponerse al proyecto. Como consecuencia de ello, "no entienden como el empresario no diseñó la ubicación de la refinería en otro lugar de Extremadura para no dañar a la industria vitivinícola de esa zona, donde 20.000 familias viven directamente de la producción agrícola".

Por eso, los técnicos del Ministerio subrayan que "una ubicación alternativa en una zona ya industrializada reduciría drásticamente el impacto respecto de la ubicación propuesta". Y añade que la ubicación elegida -en una finca en Los Santos de Maimona- transformaría de forma "severa" un entorno "natural y eminentemente agrícola al que sería imposible el retorno del estado natural del que se partió".