La esperanza del futuro verde y el engaño del color
Desde hace ya muchos años, las fuentes de energía renovables se ven como la gran solución para la crisis climática que se cierne sobre el planeta. Una tecnología verde defendida también por grupos ecologistas y colectivos que defienden los territorios rurales, pero que ahora se movilizan en contra de la implantación de megaparques de generación renovable en el mundo rural.
Sin duda este aparente (sólo aparente) cambio de opinión requiere ser explicado, como ha hecho recientemente Luis Bolonio, portavoz nacional de la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), durante su comparecencia en el Parlamento de Extremadura: la gran conclusión es que no hay un giro en la valoración de las fuentes renovables, sino una denuncia explícita del modelo de implantación elegido, que se lleva por delante sus principales capacidades al estar liderado, precisamente, por las grandes empresas energéticas responsables de la situación de emergencia climática que se intenta combatir. Por decirlo de otra manera, la contradicción está en el otro lado.
En su exposición del modelo distribuido y justo que defiende ALIENTE como alternativa, representando a casi 200 plataformas y colectivos de todo el territorio del Estado, Luis Bolonio respaldaba sus argumentos con referencias tan contundentes como la propia legislación europea en materia de energía y medio ambiente, el conocido como Paquete de Invierno, donde se priorizan conceptos como la eficiencia energética, el ahorro o la participación ciudadana, que aquí se han pasado por encima al galope, en esta carrera en busca del máximo beneficio, rentabilidad para grupos inversores internacionales y ocupación de miles de hectáreas sin considerar los efectos sobre el paisaje, la biodiversidad y el elemento que más preocupa en las zonas rurales, que es la despoblación.
Los datos en este aspecto son indiscutibles: el modelo centralizado y basado en instalaciones industriales a gran escala no genera empleo local significante, no distribuye beneficios en el entorno cercano, no impulsa el desarrollo de otros sectores y hace la vida más incómoda a la ya escasa población, lo que supone un empujón más para expulsar a los pocos vecinos que quedan y desincentivar el asentamiento de nuevos proyectos de vida. Además, las megaplantas fotovoltaicas y eólicas plantean un problema de escasez de materias primas esenciales, lo que supone un extractivismo voraz que implica la devastación sin límite del territorio con grandes afecciones por acaparamiento y contaminación de masas de agua superficiales y subterráneas y una pérdida dramática de biodiversidad. Es un error la opción de convertir toda la energía de fuente renovable en electricidad, y deberíamos diversificar su uso como fuente de calor, de energía mecánica y otras opciones más diversas.
Por el contrario, una transición basada en el autoconsumo, con pequeñas instalaciones adaptadas a las necesidades locales y gestionadas por los propios beneficiarios de la producción y por comunidades energéticas, sería la solución óptima para aprovechar todas las ventajas de las tecnologías renovables: bajísimo impacto en el entorno, beneficios directos al consumidor, generación de empleo local desde el proyecto hasta la construcción, mantenimiento y gestión, menos demanda de materiales críticos y reducción de las necesidades de transporte eléctrico, que supone un altísimo coste económico, ambiental y en términos de eficiencia, debido a las pérdidas a lo largo de cientos de kilómetros que se producen en la red. Con este enfoque inicial y una planificación de instalaciones mayores con criterios reales de eficiencia y sostenibilidad, la transición renovable será una oportunidad. Pero en el modelo actual corre el peligro de convertirse en un tremendo error, con efectos incluso contrarios a los objetivos planteados por la comunidad internacional.
Extremadura, según refleja la exposición, podría bien ser un caso paradigmático de uno de los dos modelos: beneficios para el planeta, el territorio y las personas, o invasión industrial si contemplaciones, para generar beneficios en destinos lejanos y dejar las migajas del gran negocio, los daños y la despoblación alrededor. Los representantes del pueblo deberían tomar buena nota, antes de decidir el futuro de sus territorios. Y no sólo en Extremadura, sino en todos los rincones del Estado.
Si el color e Extremadura es el verde, por su historia y su presente, cabe preguntarse ahora cómo será su futuro: ¿el verde natural, sostenible y socialmente justo que todos ansiamos y ALIENTE defiende? ¿o el otro verde utilizado por la industria energética para lavarse la cara y perpetuar su control del mercado? No hay mejor final que una buena pregunta. EL principio del futuro será la respuesta.
