La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha exigido al Gobierno central que actualice los contratos públicos ante la subida de los costes laborales, así como de los precios de la energía y de las materias primas.
Si no se ponen al día las cantidades a pagar por los contratos públicos de obras o servicios, las empresas adjudicatarias se verán abocadas a trabajar a pérdidas en muchos casos, e irán a la ruina y tendrán que prescindir de sus trabajadores, ha afirmado este viernes la patronal en una nota.
Ha explicado que las empresas analizan costes y beneficios de cara a optar a una licitación, y en base a ello presentan su proposición, de modo que si durante la ejecución del contrato los costes varían sustancialmente, como en la actualidad ocurre, «es necesario revisar los contratos a la nueva realidad».
En este sentido, el secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha considerado que el Gobierno central “no puede inhibirse como lo está haciendo, pues de forma directa o indirecta, es el responsable de estos incrementos”.
De esta forma, ha apuntado, el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) provoca “un efecto dominó” que representa subidas en los costes laborales -salarios y cotizaciones sociales- en todas las categorías, pues “no solo tiene un efecto en los empleos menos cualificados, sino que también se indexa al resto de categorías”.
Para Peinado el Gobierno central es también “responsable indirecto” de la “brutal subida de costes en la energía y en las materias primas” al “mostrarse incapaz de controlar estos precios”, pese a que “podría hacerlo al menos en lo que a tarifas reguladas se refiere”.
De este modo, ha argumentado que si se tiene en cuenta que hoy “se priman casi exclusivamente” las ofertas más bajas, y por tanto los beneficios de los contratos son “muy ajustados”, los adjudicatarios trabajan en la actualidad “a pérdidas”.
Por este motivo, la patronal ha defendido que deben aplicarse todos estos sobrecostes en una revisión de los contratos, pues en caso contrario “se vulnerará el principio jurisprudencial del enriquecimiento injusto, y para colmo lo estará haciendo la propia administración pública”. EFE
