Más del 90 por ciento de los alumnos de la universidad e institutos extremeños han secundado este jueves la huelga en respuesta tanto a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como a la nueva tramitación de la Ley de Convivencia Universitaria (LCU).

Por su parte, según la Universidad de Extremadura (UEX), la huelga ha sido seguida por un 85-90 por ciento en la Facultad de Derecho, un 80% en Formación del Profesorado y Veterinaria, la inmensa mayoría en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, y de un cien por ciento a partir de las 12:00 horas en Educación.

En otras como la Escuela Politécnica ha sido del 50 por ciento; muy bajo en Ciencias Económicas y Empresariales, normalidad en el Centro Universitario de Plasencia, y solo algunos grupos en la Facultad de Ciencias.

Así lo ha explicado a los medios el portavoz de la Coordinadora Estudiantil de Badajoz, Hernán Álvarez, antes de participar en la manifestación contra las reformas universitarias que ha partido de la Delegación del Gobierno en Extremadura bajo el lema «No a la LOSU, no a la LCU».

El representante estudiantil ha dicho, respecto a la LOSU, que se trata de una reforma que «no trae ningún avance, solo retrocesos en cuanto a gobernanza, con disminución de la representación de los estudiantes, o con la determinación de unas elecciones cada seis años en vez de cada cuatro».

«El modelo que pretende el ministro de Universidades, Manuel Castells, es el de Estados Unidos, cuando en Europa no se aplican estas cosas, pues no tiene sentido para ninguno de sus países», ha manifestado.

Por su parte, la LCU «iba a ser una buena ley, propuesta por el Gobierno central y con el consenso de rectores y estudiantes, pero Vox y PP votaron en contra, de igual forma que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)», en este último caso a través de una enmienda justificada en unos criterios autónomos que «nada tienen que ver con la Universidad».

En su opinión esta formación «lo intenta ligar con la independencia, lo que no tiene ningún sentido, pues los estudiantes, extremeños, catalanes o aragoneses, quieren por igual un marco que proteja a todos».

Esta normativa «venía a cambiar un reglamento de 1954» para dotar de mecanismos en la mediación universitaria, por ejemplo con la creación de una comisión para conflictos entre profesores y estudiantes, ha manifestado.

Álvarez ha destacado además el seguimiento de la huelga en institutos, que se verán también afectados por estas reformas legales cuando accedan a los estudios superiores.

Además de la huelga, en Badajoz se ha celebrado una manifestación (desde la Delegación del Gobierno al Ayuntamiento) y en Cáceres una concentración.