El número de casos de acoso escolar descendió un 60 por ciento en el curso 2021/2022 con respecto al último curso normal, el prepandemia 2018/2019, aunque se han registrado 8 casos más que en el curso 2020/2021, un repunte contra el que la Consejería de Educación y Empleo asegura que ha puesto medidas como la creación de la nueva figura coordinadora del bienestar y la seguridad con la que este curso ya cuentan todos los centros educativos.

Son datos que recoge el informe del curso 2021/2022 sobre la Convivencia en Centros Escolares de Extremadura que, elaborado por la Inspección Educativa, ha sido analizado este lunes en el Pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar de Extremadura, que ha presidido la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez. Según ha explicado el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, el estudio se ha realizado en los 713 centros educativos de las etapas previas a la universidad.

En Extremadura se han constatado 14 casos de acoso escolar en Extremadura, 8 casos más que el curso anterior, pero 21 menos que en el curso anterior al inicio de la pandemia, el 2018-2019, cuando se registraron 35 casos.

De los 14 casos constatados como de acoso escolar, 5 fueron de ciberacoso. Durante el pasado curso, se registraron 89 denuncias por posibles casos de acoso escolar, 43 más que en 2020-2021 y 34 menos que el curso 2018-2019. De los 14 casos de acoso escolar, los 9 de acoso tradicional se produjeron 6 en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 3 en la de Primaria, mientras que los 5 casos de ciberacoso se produjeron uno en Educación Primaria y 4 en ESO.

Unos 10 de esos 14 casos afectan a niños y los otros 4 a niñas. Salvo en dos de los 14 casos, las agresiones fueron entre compañeros y consistieron principalmente en insultos, amenazas, agresiones verbales y físicas, la difusión de imágenes y la exclusión del estudiante acosado.

En cuanto al origen de la comunicación de la denuncia, 7 de esos 14 casos los ha comunicado el propio centro, 3 han sido denunciados por los progenitores de las víctimas, uno por los servicios sociales del ayuntamiento, otro por la policía local y 2 de ellos se consigna en ‘otros’.

Además, durante el pasado curso escolar, se han registrado 70.606 casos de conductas contrarias a las normas de convivencia. Son 12.712 más que en el curso 2020-2021, pero 2.524 menos que en el curso 2018-2019. Se refiere, fundamentalmente, a perturbar el normal funcionamiento de las clases.

Un total de 31.428 estudiantes ha estado implicados en estos casos de conducta contrarias a las normas de convivencia. Son más en el curso 2020-2021, cuando los implicados fueron 28.380, pero menos que en el curso 2018-2019, cuando se registraron 34.051 estudiantes implicados en estos casos. Como en cursos anteriores, es en la ESO donde se producen más incidentes contrarios a la convivencia.

Las conductas más reiteradas son la perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase, un 30 por ciento, o las actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa, un 29 por ciento. En cuanto a las correcciones, se aprecia, como en el curso anterior, que la medida más utilizada es el apercibimiento, bien oral (28,37 por ciento), o bien por escrito (56,87 por ciento). Estas conductas se produjeron, de manera mayoritaria, en las clases (85 por ciento) y en los recreos (5 por ciento).

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES

Si se tiene  en cuenta las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se han registrado 10.357 casos de este tipo, mientras que el curso anterior fueron 10.902, un 5 por ciento menos, y en el curso 2018-19 se registraron 8.930 casos.

En estos casos de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, hay 6.549 estudiantes implicados, un número muy similar al del curso anterior cuando había 6.670 estudiantes implicados en este tipo de conductas. El 83 por ciento de incidentes graves para la convivencia se producen en la ESO. Las conductas más habituales son la reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de convivencia (un 19 por ciento) e impedir el normal desarrollo de las actividades del centro (un 15 por ciento).

La corrección más habitual contra estas conductas es la realización de tareas como medida para restaurar la convivencia en los centros, que ha desbancado del primer puesto a la supresión del derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días que, hasta el curso anterior, había sido la más utilizada.

Estas conductas gravemente perjudiciales tuvieron lugar mayoritariamente en clase (75 por ciento), seguidas del en los recreos (10 por ciento).