La abogada Aziza Magni Atioua, que defiende los intereses de Yahya Benaouda, el líder de la comunidad islámica de Talayuela detenido este martes en Talayuela por la Policía Nacional y expulsado ayer del territorio nacional, ha defendido la inocencia de su cliente y ha negado que pertenezca a ningún grupo salafista ni al Islam radical.
Benaouda fue detenido por miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de Cáceres a primera hora de la mañana del martes cuando se dirigía desde la mezquita a su domicilio en Talayuela. Está acusado de vulnerar el artículo 54.1.a) de la Ley de Extranjería, que considera acciones muy graves participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que perjudiquen las relaciones de España con otros países, así como estar implicado en actividades contrarias al orden público.
Aziza Magni asegura que su defendido «no pertenece a ningún grupo salafista ni al Islam radical, sino todo lo contrario, está llamando a un Islam moderado y tolerante». Sin embargo el magistrado de la Audiencia Nacional no comparte la misma opinión y este mismo miércoles ordenó su deportación. Benaouda tomó un vuelo desde la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas a las 11.20 de la mañana con dirección a Casablanca y ya se encuentra en su país de origen.
En una entrevista concedida a Radio Interior desde Madrid, la abogada, una mujer con amplia experiencia experta en distintas áreas jurídicas y de manera especial en asuntos de extranjería, niega las acusaciones contra su defendido, que no podrá regresar a España durante los próximos diez años. No obstante, aún se encuentra pendiente de conocer la sentencia del asunto principal prevista para el 8 de noviembre en la Audiencia Nacional, pues la orden de deportación no suspende la vista convocada para esa fecha.
LAS ACUSACIONES
Yahya Benaouda recibió la orden de expulsión de España acusado de infringir la Ley de Extranjería en el año 2020, en uno de los momentos más duros de la crisis sanitaria de la Covid-19. Diversos informes policiales le acusan de haber lanzado proclamas en la mezquita de Talayuela en las que invocaba a los hombres a no regirse por el orden de la legislación española. Pero Aziza Magni lo niega. Asegura que no lanzó esos discursos en la mezquita de Talayuela y que los informes de la Policía han interpretado su discursos a su manera para decretar la orden de expulsión y sin ningún tipo de pruebas.
«Mi cliente llama y convoca a los jóvenes a una convivencia y a una integración correcta en la comunidad española, en la comunidad occidental, y no es justa la orden de expulsión; estoy indignada , estoy decepcionada y no tengo palabras, es una injusticia», ha dicho textualmente a esta cadena de radio.
La abogada pasó buena parte de la mañana del miércoles en la Audiencia Nacional intentando que el magistrado instructor diera un paso atrás y aceptase las medidas cautelares presentadas con carácter urgente en las que solicitaba la suspensión de la orden de expulsión de nuestro país. Mientras, Benaouda ya estaba, bajo vigilancia policial, en la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez dispuesto a embarcar en el avión que le llevaría a Casablanca.
La abogada del presidente de la comunidad islámica de Talayuela niega cualquier tipo de relación de este caso con la orden de expulsión de Said Badaoui, presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana de Reus (Tarragona), acusado de adoctrinar a menores con mensajes radicales proyihadistas.
«No hay una sola prueba material, documental, nada, solamente en el informe policial pone que hay discursos de mi cliente en la mezquita donde exhorta y convoca a los hombres para que impongan normas rigurosas en sus hogares y llama a la comunidad musulmana para que no se rija por la legislación española, pero todo eso son palabras, ninguna prueba que lo acredite», ha indicado la abogada.
Yahya Benaouda tiene 51 años de edad y llegó a Talayuela en 1998. Es padre de cinco hijos, todos con nacionalidad española salvo la menor. Su abogada ha intentado, sin éxito, paralizar la orden de expulsión de España alegando el fuerte arraigo familiar y laboral del detenido, que procede de Uchda, una ciudad fronteriza con Argelia tradicionalmente convertida en la puerta de entrada de la inmigración irregular hacia Marruecos.
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