Casi un millar de trabajadores del sector de la discapacidad en centros de toda la geografía extremeña han firmado ya dentro de la campaña emprendida en la región por la Federación de Enseñanza de CCOO para exigir la revisión salarial y el desbloqueo por parte de las patronales de la negociación del convenio colectivo.

Esta recogida de firmas se inició tras las concentraciones del pasado 14 de septiembre en toda España, también en Extremadura, que lograron un «gran respaldo» de los trabajadores de este sector reclamando la revisión salarial.

El convenio afecta a las personas que trabajan en centros asistenciales, centros especiales de empleo y centros de educación especial.

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Estas personas, según indica en nota de prensa CCOO Extremadura, se ven «perjudicadas» por el bloqueo del convenio y por la «negativa» de las patronales a incorporar cláusulas de revisión salarial para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Así, el sindicato recuerda también que este 5 de octubre dará comienzo en la Audiencia Nacional el juicio de los dos conflictos colectivos que CCOO ha interpuesto para el cumplimiento del XV Convenio Colectivo Sectorial.

Después de unos años «difíciles», en los que se han sufrido situaciones «muy complicadas», y en especial durante la pandemia, donde una parte «importante» de los trabajadores del sector vieron cómo su carga de trabajo aumentaba «exponencialmente, duplicando jornadas, reinventándose y exponiendo, en muchos casos, su salud, ya que trabajaban en condiciones muy precarias para atender a las personas a su cargo», es el momento según CCOO de que las patronales reflejen en el convenio colectivo el reconocimiento a su esfuerzo.

En este sentido, advierte de que la profesionalidad del sector no se corresponde «ni con las condiciones laborales ni con las retribuciones que proponen en el nuevo convenio».

Con ello, con una inflación «desmedida», que «socava» el poder de compra de los trabajadores, las patronales han puesto sobre la mesa unas tablas salariales «insuficientes» que «dan por buena la absorción y compensación de complementos vinculados a la antigüedad, a pesar de que el convenio no lo permite, y se niegan en todo momento a aplicar el artículo 32 que regula la revisión de las tablas salariales en 2022 en base a la inflación acumulada en los últimos tres años».

«Es decir, ni quieren cumplir con lo ya pactado en la negociación del anterior convenio ni están dispuestas a introducir cláusulas de revisión salarial en el nuevo, condenando de esta manera a perpetuar la pérdida de poder adquisitivo de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras del sector, en especial a las personas con salarios más bajos», sentencia CCOO, que añade que, además, han pretendido «rebajar» el alcance de una serie de mejoras sociales que ya estaban acordadas a la hora de pasar a la concreción.

Al mismo tiempo, las entidades del sector «dicen trabajar por la inclusión y defender los derechos de las personas con discapacidad y apostar por la creación de un marco de relaciones laborales justo que permita a los profesionales trabajar en un entorno de reconocimiento y calidad adecuados, que redunde en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero tales intenciones parece que no son más que lemas propagandísticos que no se corresponden con la realidad de sus condiciones laborales, ya que no demuestran ni compromiso, ni justicia, ni calidad ni reconocimiento al esfuerzo que realizan los y las trabajadoras de sus centros».

De este modo, CCOO va a ser «muy beligerante» si el modelo de empleo que proponen está marcado por la precariedad laboral, y avisa de que, si la situación actual se estanca, «el conflicto se trasladará a los centros de trabajo». «No se puede permitir que las personas trabajadoras seamos, una vez más, las afectadas por una situación económica que no hemos generado», sentencia.

Al respecto, incide en que el efecto de los beneficios empresariales sobre la inflación es «cinco veces superior» al de los salarios, por lo que dice que no va a tolerar actuaciones «partidistas» sobre los recursos económicos que las administraciones ya están destinando a las entidades, «reconociendo en los pliegos de licitación los incrementos que se pactaron en 2019 para este 2022».

Finalmente, CCOO recalca que ha apostado por la vía negociadora «hasta el último momento». «Tenemos muy claro que no vamos a aceptar incumplimientos patronales, por lo que nos hemos visto obligados judicializar la situación, pasando de esta manera a un nuevo escenario de confrontación y movilización», advierte.