Medio centenar de personas de un piquete de la huelga de transportes han sido identificadas por la Guardia Civil por «incidentes»  registrados en el área de servicio El Caldero,  ubicado en la A-66 en la provincia de Cáceres, al impedir el paso de camioneros que no secundan el paro, según ha informado la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Cáceres.

Al parecer, en esta zona se congregaron  80 personas, sin haberlo comunicado a la autoridad gubernativa, teniendo que abrir paso para que otros camioneros que no secundan el paro pudieran continuar con su viaje. En este punto los piquetes bloquearon la entrada y salida de vehículos, por lo que tuvieron que ser desalojados de la vía por la USECIC, sin que se produjeran enfrentamientos graves.

Durante la actuación no se produjeron detenciones de personas pero sí fueron identificadas 50 de ellas y serán propuestas para sanción, aquellas que alteraron el orden público, con peligro para personas o bienes, no descartándose investigaciones, o incluso detenciones, de aquellas personas que coaccionen o agredan de cualquier modo con el objetivo de impedir el libre tránsito de mercancías o personas.

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Se recomienda que se eviten las reuniones o concentraciones, en lugares de tránsito público, de un gran número de personas, las cuales no hayan sido comunicadas a la autoridad gubernativa, informando de que se puede proceder a la disolución de aquellas en las que se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

En aras de mantener un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho al trabajo, la Guardia Civil actuará para evitar que no se coarte el derecho a trabajar por parte de quienes no secundan los paros, así como para evitar acciones destinadas a impedir que el transporte de mercancías por carretera pueda ofrecer sus servicios a las empresas del sector y al conjunto de la sociedad.

De esta manera, la Guardia Civil se encuentra desplegada en  las carreteras, además de en centros logísticos y de transporte y áreas de descanso, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.