La asociación Liberum, que pidió como medida cautelar suspender con urgencia la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años de edad, ha recibido un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el que deniega la “urgencia” de la medida. La asociación considera que se vulneran derechos de los niños por ser vacunados sin la presencia de los padres y sin consentimiento informado.

La asociación Liberum se constituyó con el propósito de restaurar los derechos y libertades que según sus promotores les han sido usurpados a los ciudadanos en el transcurso de la pandemia de la Covid-19 y con vocación de perpetuar su labor por los derechos humanos. Se trata de una asociación ciudadana que dice buscar la justicia a partir de la verdad y la libertad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado denegar la “urgencia” de la medida cautelar de suspender el proceso de vacunación de los menores, si bien sólo ha entrado a valorar la urgencia de la petición y no el fondo del asunto, por lo que concede a la Junta de Extremadura y al Ministerio Fiscal un plazo de tres días para que aleguen lo que consideren sobre la medida cautelar solicitada por la parte demandante.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura entiende que “la vacunación en España no es obligatoria, de manera que no se está obligando a ningún menor a ser vacunado, siendo los padres los que deberán adoptar la decisión de vacunar o no vacunar y, en modo alguno, corresponde dicha decisión a la Asociación demandante”.

“Los intereses en conflicto aconsejan denegar la medida cautelar solicitada, pues no puede negarse que el interés defendido por la Junta de Extremadura es la protección de la salud pública y la vida al existir una situación de emergencia sanitaria por la situación de pandemia producida por el COVID-19”, sostiene el auto, dado a conocer este miércoles.

Además, el auto indica que «el sistema de vacunación de menores previsto por la Junta de Extremadura pretende dar preferencia a bienes y valores constitucionales, como la salud pública y, más concretamente, la salud, la integridad física y la vida de las personas (artículos 15 y 43 CE), sobre otros derechos individuales, que, en todo caso, como decimos, corresponderá alegar a los directamente afectados y no a la asociación”. En consecuencia, “no cabe adoptar la medida cautelarísima solicitada”, y se condena a la parte actora al pago de las costas procesales causadas por la petición de medida cautelar del artículo 135 LJCA. Contra este auto no cabe recurso.

Esta asociación ha presentado un recurso contencioso-administrativo, a tramitar por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, en el que solicitaba la medida cautelar urgente de suspender el proceso de vacunación en los menores con edades comprendida en ese tramo, a partir del 15 de diciembre. La demandante considera que la vacunación se va a realizar sin consentimiento informado o sin la presencia de los padres o representantes legales, y sin saber si es necesario el consentimiento de ambos progenitores o de uno solo.

Según esta asociación “no hay urgencia en la vacunación, no hay riesgo grave ni inminente”, puesto que, según exponen en el recurso, no se ha notificado ninguna muerte por Covid-19 en menores de edad, desde que comenzó la pandemia. En su opinión, la vacunación en centros escolares vulnera varios derechos fundamentales de los menores y se considera inapropiada, y contradictoria, ya que, en Extremadura para vacunar a los adolescentes de entre 12 y 16 años se exigía la presencia de los padres en el momento de la vacunación.

Liberum recalca en el recurso que los centros escolares no son centros sanitarios y que, por lo tanto, no están equipados con los medios necesarios para atender posibles emergencias médicas que pudieran ocurrir tras la vacunación, como pudiera ser una reacción anafiláctica.