La Junta de Extremadura ha decidido blindarse y suscribir con patronal y sindicatos un «acuerdo marco» sobre el transporte sanitario terrestre para evitar otro desastre como el que protagonizó Ambulancias Tenorio, empresa adjudicataria de un servicio que comenzó y terminó con polémica.
De este modo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha querido rodearse de los agentes sociales para disponer de apoyos en un asunto que ha considerado «de enorme trascendencia» y bajo el convencimiento de que «el diálogo social legitima las condiciones de prestación del servicio”.
Fernández Vara trata de amortiguar de este modo de forma anticipada los golpes que pudieran producirse en una licitación de 154 millones de euros durante un período de cuatro años en la que la oferta económica permitirá la obtención de 52 puntos sobre un total de 100. El presidente extremeño ha venido a reconocer la mala gestión del servicio cuando en la presentación del acuerdo marco, este lunes, ha dicho que habían existido problemas «por no haber desarrollado con carácter previo a la contratación del servicio un análisis en profundidad de la situación».
El Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 29 de diciembre acordó la rescisión del contrato a la empresa Ambulancias Tenorio después de varios años de polémicas: protestas de los trabajadores, ambulancias incendiadas en medio de trayectos y una generalizada mala prestación del servicio. La empresa había solicitado la resolución del contrato porque la Covid-19 obligaba a unas exigencias que no tenía contempladas en una comunidad autónoma especialmente compleja para el transporte sanitario por carretera dada su gran extensión, de más de 42.000 kilómetros cuadrados de superficie. Pero en realidad se trataba de un acuerdo entre las partes para poner fin a una pésima gestión no exenta de críticas desde sus inicios. Ambulancias Tenorio no recibió indemnización de la Junta de Extremadura y se comprometió a hacer frente a la deuda pendiente con proveedores y empleados.
El consorcio formado por las empresas Colectivo Extremeño de Ambulancias, S.L. (Coexam) y Ambuvital Transporte Sanitario, S.L. se encarga desde entonces de gestionar el servicio de transporte sanitario terrestre en la comunidad autónoma, a la espera de que salga a licitación el nuevo contrato.
ACUERDO MARCO
La Junta de Extremadura habla de «un nuevo modelo de transporte sanitario terrestre» que debe ser eficaz, eficiente y adecuadamente gestionado. Por este motivo la gestión del servicio establece la coordinación entre la parte pública y la privada en un concurso que se hará por lotes y por provincias. La provisión y la prestación del servicio serán privadas y la financiación pública, mientras que la coordinación del servicio será en su totalidad pública y de ello se encargarán el 112 Extremadura y el centro de coordinación de transporte sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES).
Una comisión tripartita se encargará de la evaluación del servicio, que se ha incluido estratégicamente en el marco del diálogo social para «tranquilidad de las empresas y los trabajadores». La secretaria regional de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez; la secretaria regional de CC OO en Extremadura, Encarna Chacón, y el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, han respaldado a Fernández Vara en la presentación de este acuerdo marco que finalizará con la licitación del servicio entre los meses de enero y febrero de 2022.
