La Fiscalía de Extremadura ha visto indicios de delito en el proceso de vacunación de dos alcaldes y un concejal socialista, así como en las personas que les incluyeron en los listados del Servicio Extremeño de Salud (SES) a pesar de que no les correspondía su turno.

Los acusados son el alcalde de Valverde del Fresno, Amalio Robledo; la alcaldesa de Higuera de la Serena, María Triviño, y el concejal de Olivenza, Ramón Jiménez Saavedra. La Fiscalía ha decidido dar traslado de la denuncia formulada en su día por Podemos Extremadura a los juzgados territoriales competentes, que son el de Coria -en el caso de Amalio Robledo-, Castuera -donde se investigará la vacunación de María Triviño- y Olivenza -que dará seguimiento a la denuncia formulada contra el concejal Ramón Jiménez.

Pero la Fiscalía de Extremadura va más lejos y sostiene que la eventual responsabilidad penal alcanzaría no solo a los cargos públicos vacunados, sino también a quienes les incluyeron en los listados del SES para saltarse el protocolo. Así, en la vacunación de la alcaldesa de Higuera de la Serena está implicada Marta Mendoza Pavo, y en la del concejal de Olivenza María del Carmen Reino Guerra, sin que se haya podido averiguar hasta el momento quién incluyó en la lista al alcalde de Valverde del Fresno.

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En un decreto que se ha dado a conocer este lunes, la Fiscalía de Extremadura archiva las actuaciones respecto a la vacunación de la directora del Centro Sociosanitario de Plasencia, Soraya Cobos al no observarse “ninguna vulneración del protocolo correspondiente”. La Fiscalía no entra a valorar la vacunación de la gerente territorial del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) en la provincia de Badajoz, Montserrat Rincón, por tener una causa abierta por estos hechos en otro juzgado. Rincón presentó su dimisión el 27 de enero por no respetar el protocolo de vacunación al haber recibido ya la primera dosis de la vacuna.

El decreto considera que en los casos del alcalde de Valverde del Fresno; la alcaldesa de Higuera de la Serena y el concejal de Olivenza se ha producido una evidente vulneración del protocolo de vacunación, “lo que no sólo contraviene la legalidad vigente sino que incluso, siempre desde un punto de vista indiciario, podría ser constitutivo de delito”. Por este motivo la Fiscalía considera necesario remitir las diligencias a los juzgados territoriales competentes formulando las correspondientes denuncias para que los hechos sean objeto de investigación.

La Fiscalía parte de la base de que se trata, en los tres casos, de cargos públicos que justificaron su vacunación alegando que estaban adscritos a centros residenciales de mayores de titularidad y gestión pública, pero deja claro que ninguno de los denunciados formaba parte de las plantillas ni trabajaba en ellos, por lo que su inclusión en los listados de vacunación “contraviene totalmente el protocolo de vacunación”.

Para la Fiscalía, la excusa de acogerse a su supuesta categoría profesional de personal directivo no puede aceptarse, puesto que el personal de una residencia es el que forma parte de su plantilla.

Podemos, que fue la formación política que formuló la denuncia, ha asegurado  que presuntamente “se ha producido una evidente vulneración del protocolo de vacunación”, implicando ello “delitos de prevaricación o de falsedad en documento oficial”. La portavoz de la formación morada en Extremadura, Mavi Mata, ha manifestado que la Fiscalía les acusa de un supuesto delito de prevaricación o falsedad de documento oficial en el que las autoras del delito serían las personas que les inscribieron en las listas de vacunación, siendo los cargos públicos responsables a título de coautores, inductores o cooperantes necesarios.

“Es muy grave que cargos políticos del PSOE en Extremadura se salten el protocolo de vacunación, que se cuelen mientras nuestros mayores han tenido que esperar para vacunarse”, ha dicho Podemos, convencida de que nos encontramos ante un caso de corrupción.

Además, Podemos Extremadura han criticado la forma de actuar del PSOE regional, pues en otros territorios “estaba siendo mucho más exigente, depurando responsabilidades e incluso llevando a Fiscalía ellos mismos los casos que conocieron”.


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