Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado cuatro años y 10 meses de prisión para una veterinaria que sacrificó 36 perros a instancias de 12 personas que ya no los consideraban aptos para la caza.
La asociación ecologista ha pedido además en su escrito de acusación un año y 10 meses de prisión para 11 cazadores que ordenaban el sacrificio de los animales cuando estimaban que los perros ya no les resultaban útiles para su actividad. Los conservacionistas acusan a estas 12 personas de haber participado en el «sacrificio ilegal» de al menos 36 perros de caza y las diligencias previas han sido instruidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villafranca de los Barros.
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2019, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil recibió el aviso de un particular que encontró abandonado en el campo un perro muerto en avanzado estado de descomposición. Como el animal disponía de microchip se pudo localizar a su propietario, quien declaró que había llevado a uno de sus cinco galgos a una veterinaria de la comarca de Tierra de Barros para que lo sacrificara porque no era válido para cazar. El hombre justificó su acción indicando que se comía las liebres abatidas, por lo que al finalizar la temporada de caza decidió llevarlo a la veterinaria, que le puso una inyección letal.
El Seprona comprobó que esta práctica era generalizada en la zona y que muchos cazadores recurrían a la misma veterinaria para el sacrificio de sus animales. También se corroboró que esta profesional firmaba anualmente «un volumen desproporcionado de certificados de defunción en comparación con los que se emiten en el resto de la comarca de Tierra de Barros para el mismo período de tiempo». Por este motivo la Guardia Civil consultó la documentación del Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (RIACE) en poder de la veterinaria, donde figuran como motivos de la muerte de los animales conceptos como «muerte por enfermedad» o «causada por accidente».
Los cazadores se han acogido a su derecho a no declarar y la veterinaria acusada sostiene que lo que consta en los certificados de defunción de los perros se ajusta a la realidad, pero la investigación del Seprona concluye que los perros fueron llevados a la clínica por cazadores de la zona para que la mujer acabase con sus vidas de forma ilegal por el simple hecho de que no servían para cazar.
Ecologista en Acción de Extremadura ha solicitado para los 11 cazadores propietarios de los perros un año y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y, para la veterinaria que practicaba las eutanasias «ilegales», cuatro años y 10 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal y otro delito continuado de falsedad documental.
