El Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado la pasada semana en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico dejará en manos del Gobierno las decisiones relevantes sobre la gestión de los residuos radiactivos y restará competencias a los ayuntamientos.

El proyecto de Ley, que se sigue por el procedimiento de urgencia, continuará su tramitación parlamentaria en el Senado sin necesidad de pasar previamente por el pleno del Congreso de los Diputados y recoge una enmienda aprobada de PSOE y Unidas Podemos por la cual las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento y cualquier otra que se lleve a cabo en ejecución del Plan General de Residuos Radiactivos será declarada de interés general, excluyéndolas así de todo tipo de control urbanístico municipal y limitando las atribuciones de los ayuntamientos, que no se podrán oponer a la instalación de un cementerio nuclear en su término municipal.

Hasta el momento sólo ha levantado la voz contra este proyecto de ley la Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC), que ya ha anunciado que estudia acciones para impedir que las obras del Plan General de Residuos Radiactivos sean declaradas de interés general por considerar que causan “un grave perjuicio a los municipios afectados”.

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Los municipios nucleares estudian “un cambio de estrategia” ante la futura Ley que considerará de interés general todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del Plan General de Residuos Radiactivos. La AMAC ya ha convocado a su comisión directiva para analizar esta normativa “que deja sin capacidad de participación a los ayuntamientos afectados por residuos nucleares”.

“Esto supone un grave perjuicio para los municipios ya que se podría instalar un almacén temporal centralizado o individualizado en la puerta de casa o ampliar el Centro de Almacenamiento de El Cabril sin que los ayuntamientos podamos participar en el proceso”, ha indicado el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra.

Pero la propuesta no es nueva y los municipios afectados por centrales nucleares reconocen que tuvieron conocimiento de su contenido el 14 de octubre de 2020. A partir de esa fecha se pusieron a trabajar y trasladaron su preocupación y rechazo en las diversas reuniones mantenidas con los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y con los representantes del Gobierno de España. El máximo responsable de AMAC insiste en que la consideración de cualquiera de estas obras como de interés general implicaría “excluir completamente a los municipios de cualquier tipo de control preventivo municipal” sobre las obras de construcción, ampliación o reparación que se lleven a cabo en su término municipal, lo que en la práctica supondría atar de pies y manos a los ayuntamientos a la hora de adoptar decisiones de trascendencia.

“Tras su aprobación en el Congreso, confiamos en que ahora en el Senado se tenga en cuenta nuestra demanda y se modifique esta Ley que deja a los ayuntamientos fuera de cualquier toma de decisiones y participación pública sobre acciones muy relevantes en materia de gestión de residuos en su municipio”, ha explicado Sánchez Yebra, quien considera que en esta materia se hace imprescindible la máxima transparencia e información si se quieren alcanzar objetivos ambiciosos


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