El sindicato PIDE ha asegurado que la Junta de Extremadura «ha vuelto a perjudicar a la educación pública ya que ha decidido trasladar el CEIP Ortega y Gasset  de Almendralejo en lugar de inaugurar el nuevo colegio público planificado desde hace años».

A juicio del sindicato este traslado se hace al «extrarradio de la ciudad con lo que provoca que la escolarización en los colegios concertados de la localidad sea más atractiva para los padres».

Como avanzó LA MAÑANA de Radio Interior, el nuevo colegio que la Consejería de Educación y Empleo está construyendo en Almendralejo albergará el CEIP Ortega y Gasset, con lo que “su uso no será por creación, sino por sustitución”, según ha afirmado el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya.

Amaya ha justificado la toma de esta decisión motivada por la bajada de la natalidad que la localidad ha experimentado en los últimos años. «Desde el curso 2015-2016 al 2020-2021, la localidad ha perdido 197 escolares de entre 3 y 12 años, un número que equivale a 8 grupos”, ha dicho el secretario general de Educación, quien ha recordado que un centro con una línea tiene 9 grupos.

Las obras del nuevo colegio por sustitución estarán finalizadas, como muy tarde, en octubre. Si se pudiesen terminar antes, el alumnado del Ortega y Gasset podría comenzar las clases en septiembre en el nuevo edificio, pero si terminasen en el plazo máximo, en octubre, el traslado se llevaría a cabo durante las Navidades, con lo que las clases comenzarían en su nueva ubicación en enero de 2022, según ha explicado el secretario general de Educación.

El edificio que actualmente ocupa el CEIP Ortega y Gasset seguirá teniendo uso educativo, ya que la Consejería estudia instalar allí la Escuela Oficial de Idiomas de la localidad, el Centro de Profesores y Recursos y el Centro de Educación de Adultos. Esto supondría, según los primeros estudios, que la EOI podría pasar de tener las 7 aulas actuales a poder contar con entre 20 y 25 aulas. El alcalde ha aclarado que el edificio actual de la EOI será para uso social de la barriada de San José y salas de estudio y lectura que complementen a la biblioteca.

Mientras, el  sindicato PIDE ha manifestado que «algo parecido ocurrió hace unos años en Plasencia cuando la Consejería fusionó dos centros públicos en uno (el CEIP Alfonso VIII y el CEIP Ramón y Cajal) y el nuevo lo trasladó a la Huerta de la Isla, lejos del caso urbano para entorpecer la matriculación en el centro público, mismo modus operandi que en Almendralejo».

Del mismo modo, indican desde PIDE «en Villanueva de la Serena la Consejería cerró el Centro Público “El Cristo” y mantener el privado-concertado “San José, cuando la red pública de Villanueva podía absorber sin problema la necesidad de escolarización de la localidad».

Para el sindicato La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura «no puede mantener ni autorizar nuevas unidades concertadas si hay vacantes en los centros públicos, ya que los conciertos deben establecerse únicamente cuando la demanda de escolarización no pueda ser atendida de otro modo».

«No entendemos la deriva contra la educación pública de la Consejera de Educación, cuando, teóricamente, dentro de los principios ideológicos del partido que representa está la protección de lo público. El  ideario del gobierno regional dice», ha añadido en un una nota de prensa.