Ocho integrantes de la candidatura de Vox en las últimas elecciones municipales y autonómicas han decidido presentar su dimisión y abandonar el partido, al que han acusado de utilizar técnicas antidemocráticas y totalitarias.
Entre los dimitidos se encuentran el concejal en el Ayuntamiento de Badajoz Alejandro Vélez, que sustenta el tripartito que forman el Partido Popular, Ciudadanos y Vox; el que fuera candidato de la formación política a la presidencia de la Junta de Extremadura, José Antonio Morales y la concejala de Lobón, María Isabel Gragera. Los otros cinco dimitidos son Antonio Pozo, concejal en Guadiana, y otros cuatro ediles de Vox en este municipio pacense; se trata de José Andrés Gámez Gordillo, Marce Cuéllar Sánchez, Alicia Plaza Velasco y Francisco Miguel Paiva Méndez. A través de un comunicado difundido este martes, los concejales de Vox sostienen que el partido «somete a los afiliados a técnicas totalitarias, exentas de las mínimas garantías legales exigidas por la Ley» y confirma que continuarán desempeñando su labor como ediles no adscritos en sus respectivos Ayuntamientos.
En la decisión de los dimitidos ha pesado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Badajoz que declaró la nulidad de la resolución del Comité Ejecutivo Nacional por la que se expulsaba a Alejandro Vélez del partido. Pero la sentencia sólo ha sido una parte de los motivos que ha llevado a estos ocho hombres y mujeres a dejar la formación, a la que acusan de actuar como «una apisonadora que se aplica de manera caprichosa por parte de la secretaría general, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa». Sostienen que no hay libertad de expresión e incluso que ha habido «intento de investigaciones personales, mediante la contratación de detectives privados». Los concejales aseguran que los hechos fueron puestos en conocimiento del partido, al que se enviaron las grabaciones que acreditaban estos hechos, y no hubo respuesta por su parte.
Cuando aún no se ha alcanzado la mitad de la legislatura, los concejales que han abandonado Vox en la provincia de Badajoz sostienen que «los órganos provinciales se componen de personas de perfil muy bajo» y denuncian que si algún miembro de la gestora critica el procedimiento, se procede a su expulsión del partido de manera fulminante.
También acusan a la formación política de no tener principios y de engañar a los españoles «apropiándose del franquismo», un término que, según han denunciado, utilizan cuando les conviene en función de intereses electorales, pero que luego aplican de forma contradictoria al aplicar contra sus afiliados «la infame Ley de Memoria Histórica». Los ocho concejales que suscriben el comunicado aseguran que Vox es un partido anticonstitucional que no respeta los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y que no se somete al Estado de Derecho.
