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La Federación Extremeña de Caza ha denunciado que cientos de sociedades de cazadores, de titulares de cotos privados, de empresas cinegéticas y miles de cazadores extremeños no han recibido aún los precintos necesarios para el desarrollo de la modalidad de recechos ​y esperas, que se abrió el 1 de abril.

“En los últimos años ya se venía provocando una situación de enorme incertidumbre ya que, de forma recurrente, estaban llegando los precintos in extremis la víspera de la apertura. Al menos así había sido hasta la fecha, ya que la presente temporada ya se ha iniciado y aún no hay precintos en Extremadura, lo que en la práctica supone que la caza a rececho no se podrá practicar hasta que se solucione este problema, al igual que las esperas de jabalí que requieran precintos en comarcas agrícolas y ganaderas”, han añadido desde la federación.

El colectivo asegura que esto tendrá graves consecuencias para el sector porque en “la mayoría de las sociedades locales ya se habían realizado los sorteos para la asignación de las fechas de caza entre sus socios”.

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“En el ámbito de la caza comercial, es fácil entender el trastorno que implica explicarle al cazador que había adquirido un precinto, reservado alojamiento en un pueblo de nuestra región, que tendrá que anular sus planes porque la Junta no ha enviado aún los precintos. En el caso del corzo, con una temporada de cuatro meses, esta demora es especialmente perjudicial”, han añadido.

La Federación Extremeña de Caza ha lamentaso que se haya llegado a esta situación, y de hecho se ha insistido ​en reiteradas ocasiones ante la Jefatura del Servicio de Caza y la Dirección General competente de la necesidad de contar con los precintos con la antelación suficiente para que los titulares de los cotos y empresas pueden organizarse y planificar su temporada.

Desde Fedexcaza se considera un mazazo injustificable para el sector que, desde luego, no ayuda a reactivar a las empresas cinegéticas -que se verán abocadas a ejercitar ​acciones judiciales contra la Consejería exigiéndole su responsabilidad patrimonial por los daños causados- ni a la economía y el desarrollo de nuestras zonas rurales.

La entidad recuerda que esto ya ocurrió el año pasado con motivo de la pandemia, “pero este año es inaceptable y está absolutamente injustificado”.


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