(Hacia una ecología de la atención).

¿Tenemos fuerzas para encontrar maneras no monopolistas desde el poder regional de una comunidad autónoma marginada y marginal? Estamos hablando de Extremadura que históricamente no fue receptora industrial española y ahora intenta abrazar, como única solución, proyectos generados por multinacionales extractivistas, por grandes inversores, para llegar a ser el gran ganador europeo a través una disponibilidad ilimitada de todo el territorio. Ya sea con una macroazucarera o con un monopolo fotovoltaico, con una nueva macrociudad del ocio y entretenimiento o con la entera disponibilidad territorial minera.

En Extremadura, aunque no industrializados, comprobábamos como las empresas cerraban no por problemas en cumplir las normativas que los estados democráticos y los gobiernos locales aprobaban, sino porque no eran rentables en las actuales condiciones del mercado. Deslocalizar y cerrar desde los años 80 era entendido como la necesaria modernización de una industria española que debía seguir los pasos de una Europa que debía plegarse a una nueva organización mundial del comercio. El control de los principales sectores económicos paso a manos de las grandes trasnacionales, regulando tanto el mercado mundial de la alimentación y textil, como el de los transportes y viajes intercontinentales.   A la vez se reclamaba socialmente que otra globalización era posible y no solo la impuesta por un mercado articulado con miles de normas tramadas para reactivar las ganancias de solo un puñado de empresas, las cuales imponían y siguen imponiendo sus obligaciones mercantiles a las propias legislaciones nacionales y regionales

De esas artimañas nos llegó el petróleo, sin tenerlo, como creador de un prometedor gran polo petroquímico para Badajoz y que los movimientos ciudadanos frenaron reconociendo el gobierno extremeño, al final, su equivocación que apuntaba hacia un combustible agotado.  Pero después de la burbuja de la construcción la región se descubre poseedora de algunos de “los metales esenciales” y nuevamente lo extractivista en Extremadura es llamado, eso nos relatan, hacia un futuro más rico (¡prometedor!) que nuevamente los movimientos sociales denuncian como un espejismo momentáneo, pero de cicatrices, durante y más allá de su funcionamiento, irreversibles. Movimientos sociales que reclaman otras políticas más allá de confiar en que las solas garantías jurídicas de procedimiento administrativo pueden resolver y decidir hacer ante cualquier producto financiero y sus derivados opacos internacionales.

Y esta es una de las tantas causas que la Plataforma No a la Mina en la ciudad de Cáceres han expuesto, cara a cara, al presidente Fernández Vara, que después de una caminata les ha recibido, por fin, en la sede presidencial.  Esta vez junto al alcalde de la ciudad que legitima con su representación democrática el sentir de la mayoría de los habitantes cacereños y su compromiso de dimisión en caso de que se lleve a cabo. Un alcalde que ha recordado   que toda tramitación administrativa deba ser “limpia”, quizá teniendo presente la fragilidad de lo jurídico ante grandes monopolios de mercado, en este caso el minero.

Que la UE quiera reactivar la extracción de algunos minerales clave para no depender de otros (USA y China principalmente) es querer aceptar que vivimos en un estado de guerra permanente global, ahora denominada “guerra tecnológica”; de satélites, redes de fibra, 5G, turbinas eólicas, macro plantas fotovoltaicas y plataformas digitales. Y a esta guerra se apuntan las grandes corporaciones, a sabiendas que, con su imponente tamaño jurídico y recursos financieros, les resulta muy fácil superar los trámites administrativos de un Estado y máxime de una minúscula región como es Extremadura

Pero claro, los promotores financieros de esta mina de litio y otras por venir, declaran que son parte de una cadena, un eslabón imprescindible y máxime cuando se trata de lo más seguro que le puede ofrecer a la UE a fin posicionarse en “la carrera espacial global”. Igual que ocurrió con el petróleo hoy en declive, le sustituye “la guerra de los datos” todavía por definir en un tablero geopolítico sobre el cual deberán ser regulados los controles y su legitimidad humana. En esa guerra comercial, y mientras se desarrollan en suelo europeo otros proyectos mineros de litio, la Sierra de la Mosca sigue siendo la segunda más grande Europa (la primera la sitúan en el norte de Portugal) pudiendo asegurar el suministro desde Cáceres para que el viejo continente no pierda el tren (¡¡) de la fabricación de vehículos eléctricos. Algunos todavía no la visualizan a las puertas de una ciudad con 100.000 habitantes.

Quien siga defendiendo una mina a cielo abierto en el corazón mismo de la segunda ciudad más poblada de Extremadura, está atentando a los derechos humanos, dado que esa explotación minera a cielo abierto en roca es la de perturbación y destrucción de manera inevitable e irreversible.  La gran mayoría de las veces la globalización industrial se vende como mejora de allí donde se instala, y lo hacen exagerando los “beneficios probables” precisamente para que cierta ciudadanía no avisada y ciertos gobiernos lo crean posible.

La mina de litio en Cáceres se promueve, por tanto, como una gran oportunidad multinacional, pero sin ninguna responsabilidad empresarial , sin que durante su funcionalmente y explotación pueda responder directamente a determinadas obligaciones puesta en marcha con dicha concesión:  ni de las consecuencias ambientales, de salud, de deterioro morfológico, de residuos tóxicos y residuos de desechos sin tener en cuenta algún fallo de la presa que los sostiene , y por supuesto de un derecho concedido a un agente privado en poseer y utilizar agua ya escasa en las actuales condiciones de emergencia climática.

Queremos que la economía de un territorio, de una región, su industrialización y puestos de trabajo no sean las de una colonia pendiente del imperio dominante en curso. Todo lo que se está proponiendo no es de ninguna manera una debilidad.  La ciudadanía critica de todo el mundo y también en Extremadura por fin demandan además de derechos, es decir de un sistema legal y judicial democrático, responsabilidades tanto empresariales como políticas. La globalización no es sentirse siervo de esenciales arbitrarios, ni de extracciones forzosas.

Extremadura precisa aprender de lo que esta sucediendo, del peso que tenemos, de aliarnos con otras prácticas, a través de los Fondos de Recuperación europeos, que se resisten al hiperextractivismo y que toman la investigación integral como la mejor herramienta con la que necesitamos conectar.