La ciudad de Cáceres cuenta, a fecha de 1 de enero de 2021 con 2.975 personas de procedencia extranjera, mientras que 2019 se cerró con 3.111, lo que supuso un crecimiento en 414 personas más que en el estudio anterior. Es decir, la capital cacereña ha perdido en 2020, un total de 136 ciudadanos extranjeros, cuando la tendencia de otros años era ascendente. En cuanto a los países mayoritarios de origen se encuentran los procedentes de Honduras, Rumanía y Colombia.

Así, el aumento del año pasado duplicaba el número de extranjeros desde que se empezó a realizar el estudio de población, ya que los últimos meses las cifras habían aumentado ante la llegada, sobre todo, de personas de origen venezolano, colombiano y ecuatoriano. Sin embargo, este año la llegada de personas extranjeras ha disminuido en 136, debido al cierre de fronteras y la crisis sociosanitaria, de la pandemia producida por la Covid-19.

Para mejorar la vida del colectivo, diversas instituciones, asociaciones, sindicatos y grupos políticos de Cáceres han puesto en marcha el Consejo Sectorial de Personas Inmigrantes y Refugiadas, con el objetivo de plantear sus problemas y abordar posibles soluciones.

Estas personas, independientemente de la forma de entrada, los motivos de la migración o su nacionalidades, se encuentran con numerosos problemas a la hora de adaptarse a la vida de la ciudad, entre los que figuran la acogida y gestión de recursos para ellas y sus hijos e hijas, y dificultades de acceso al alquiler de una vivienda, según ha explicado la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, que ha participado este miércoles en la constitución de este órgano.

El aprendizaje y manejo del idioma, la tramitación de documentación para regularización de su situación, denegaciones de asilo que les deja en situación irregular, concesiones de residencia y trabajo que les excluyen de programas de ayuda humanitaria, dificultades y problemas en el ámbito laboral (acceso, condiciones de trabajo, etc.), además de complicaciones para la conciliación laboral, familiar y personal, o situaciones de racismo y xenofobia, son otros problemas a los que puede enfrentarse este colectivo.

«Somos conscientes de condiciones de especial vulnerabilidad en los que sus derechos se pueden ver mermados como mujeres víctimas de violencia de género, homosexuales y transexuales, personas en situación irregular, de extrema pobreza, sin hogar, etc», ha incidido Pulido.

A todo esto hay que sumar la crisis sociosanitaria acaecida por el Covid-19, que «ha golpeado de una forma especialmente dura a este colectivo de personas por sus especiales características laborales, situación administrativa para el acceso a ayudas y falta de apoyos familiares».

El Consejo Sectorial tendrá como objetivo «remover estos obstáculos, plantear sus problemas y abordar posibles soluciones», así como establecer protocolos de trabajo, facilitar la comunicación e intercambio de experiencias entre todas las entidades que forman parte del mismo, proponer acciones y proyectos para trabajar, tanto con la ciudadanía (sensibilización) como con la población objeto (formación, orientación, acogida), así como trasladar a quien competa otros asuntos que no se puedan solventar desde este ámbito, informa el Consistorio cacereño.