La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha reclamado el cese «de manera inmediata» de la consejera de Transición Ecológica, Olga García, por impulsar «muchas medidas» en contra del medio rural, la última la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial, con el voto a favor de la comunidad autónoma.

Esta decisión se ha adoptado este pasado jueves en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), donde se ha propuesto la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que automáticamente dejará de ser considerada especie cinegética.

Para el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, son «muchas» las medidas que se están tomando «en contra» del medio rural desde esta consejería, de manera «arbitraria» y «sin tener en cuenta a las personas que desarrollan ahí su actividad».

Para Apag, «no puede ser que Extremadura vote en contra de todas las CCAA que tienen este problema en su territorio y se alíe con otras que nunca podrán tener a este animal ni tienen que enfrentarse a su gestión», ha señalado.

La inclusión del lobo en este listado de «Especie de Protección Especial» supone un «gravísimo problema» para la gestión de la propia especie y su «imprescindible compatibilidad» con la ganadería extensiva, una actividad económica «clave» para los territorios rurales, lo que, a su vez, supone «un instrumento de lucha contra el despoblamiento», señala la organización agraria en una nota de prensa.

Metidieri lamenta que Extremadura esté tomando «posiciones urbanitas y dando la espalda al desarrollo rural» y a los pequeños municipios, puesto que, a esta postura sobre el lobo, se suman otras medidas que «perjudican» a las zonas rurales como son las «sanciones y restricciones varias, cambios de uso del suelo de pastos, reestructuración en parcelas de viñedo o prohibir la recolección nocturna de aceitunas», entre otras actuaciones de la consejería.

La organización subraya que Extremadura cuenta con 1,2 millones de hectáreas protegidas, lo que supone una cuarta parte de las que hay en el territorio nacional, lo que está provocando que «la especie que esté en mayor peligro de extinción en Extremadura sean las personas que habitan los pueblos».

«Si el problema que tenemos es la despoblación de las zonas rurales, no podemos seguir poniendo zancadillas a su desarrollo y votar a favor de posturas que van en contra de la agricultura, la ganadería y el mundo rural», subraya.

Por último, añade que allí donde hay agricultura y ganadería «hay vida, hay especies naturales y medio ambiente», pero donde se legisla en contra de las prácticas tradicionales o existe «sobreproteccionismo», se fomenta la «despoblación y el abandono, que también afecta a especies silvestre, como las cigüeñas y avutardas».