•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Unidas Por Extremadura ha exigido explicaciones públicas al gobierno de Fernández Vara por la vacunación de la concejala socialista de Plasencia, y directora del centro sociosanitario de la localidad, porque según la portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, “es inexplicable que se haya vacunado a esta edil, que no está entre los grupos de riesgo, mientras hay personas vulnerables a las que se sigue sin administrar la vacuna”. 

 

De Miguel ha tildado esta vacunación de “chapuza gordísima” y ha exigido que el Ejecutivo regional ponga en marcha un protocolo para administrar las dosis sobrantes de las residencias “a todas aquellas personas de alto riesgo”.

Anuncios
Anuncios

“No se está vacunando al personal de urgencia, como en Cáceres, ni a trabajadoras de ayuda a domicilio ni tampoco a sectores estratégicos, como los agricultores que producen nuestros alimentos, y sí se vacuna a una concejal”, ha dicho la portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

 

Por ello, ha insistido en que Sanidad debe elaborar una lista de personas vulnerables al Covid “para poder administrar las vacunas que vayan sobrando de las residencias, y no ponérselas al primero que pase por allí”. 

 

Además, la portavoz ha lamentado que no se haya cumplido la promesa del presidente Vara que, ante las críticas por la lentitud en la vacunación, aseguró que el 17 de enero estarían vacunadas todas las residencias libres de Covid en la región. “Esa promesa ha sido incumplida -ha dicho- porque a día de hoy no están vacunadas todas las residencias, sino que se sigue administrando la vacuna”.

 

En cuanto a la vuelta a las aulas en secundaria el próximo lunes, De Miguel ha lamentado que el consejero de Sanidad esté planteando constantemente medidas de desescalada “cuando lo que tiene que plantear son medidas que contengan los contagios”. Para la también presidenta del Grupo Parlamentario, el consejero Vergeles “parece más el consejero de Economía que el consejero de Sanidad” porque, con la mayor incidencia del país, la presión hospitalaria que está sufriendo el sistema sanitario y el alto índice de ocupación de UCIs, “habla más de economía que de sanidad”. 

 

Por eso, De Miguel ha insistido en que el Ejecutivo regional debe limitar el número de personas en las reuniones sociales y familiares “porque está constatado que los contagios se están produciendo en esos encuentros”. La portavoz aboga por que se restrinja el número de personas o que se prohíban directamente esos contactos sociales, como han hecho otras comunidades autónomas.


Galería de imágenes