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La  Junta de Gobierno de la capital autonómica ha aprobado la propuesta de sanción a la sociedad limitada Larry Smith , adjudicataria de la reforma y explotación del Mercado de Calatrava de Mérida, por incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución de dicho contrato. La sanción aprobada asciende a 16.910 euros.

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha  dicho sobre este asunto que “hemos agotado todas las vías de negociación y conversaciones con la empresa para que retomaran la obra, paralizada desde septiembre de 2019. Incluso la empresa nos trasladó que estaba viendo otras opciones para la viabilidad del proyecto, no llegando a presentarlas en ningún momento”.

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“No se trata de una cuestión de voluntad política que Larry Smith continúe con el proyecto, se trata de cumplir con la legalidad de la Ley de Contratos y el Pliego de Condiciones de la concesión”, ha añadido.

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La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 8 de octubre iniciar el expediente sancionador en el que se le imputaba  como presunto responsable de la comisión de una infracción en materia de incumplimiento de obligaciones contractuales consistente en la inobservancia de las obligaciones relativas al comienzo y ejecución en el plazo total o parcial de las obras.

A la empresa Larry Smith se le dio un plazo de 5 días hábiles para que pudiera presentar sus reclamaciones antes de fijar la multa por falta grave no presentando ninguna alegación. Después de este trámite, el Ayuntamiento de Mérida ha comunicado a Larry Smith cuál es la sanción económica, que asciende a casi 16.910 euros. La empresa disponía nuevamente de otros 10 días para alegar esa sanción.

Dentro de ese plazo, la empresa presentó el 26 de octubre alegaciones a la resolución solicitando la no incoación del expediente sancionador, la paralización de cualquier actuación que no sirva para mantener la concesión del contrato y solicitando que se adecuara a la situación y condiciones actuales y futuras que en nada tienen que ver con las existentes en el momento de la firma del contrato.

En el informe presentado por el instructor del expediente sancionador se refleja, entre otras cuestiones, que el ayuntamiento es conocedor de todas las actuaciones y dificultades, incluso de la paralización de las obras el 7 de octubre de 2019, sin que en ese momento hubiera ningún tipo de dificultad económica, social o sanitaria.

Además, refleja el expediente que en lo que respecta al Estado de Alarma, para la ejecución de obras, se han paralizado únicamente por un periodo de 15 días, por lo que no es justificable que las obras estén paralizadas desde septiembre de 2019, por lo que se desestiman las alegaciones presentadas por la empresa, tal y como han informado desde el consistorio.

La sanción ha sido calculada, según se indica en la cláusula 39 del pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que se refleja que la infracción, tipificada como grave, podrá llegar hasta el 20% del canon por la explotación del servicio durante el año anterior.

Además, como la infracción se ha producido antes del abono del primer canon, se sanciona con el 20% sobre el canon tipo de licitación que asciende a 84.522,01 euros.

Una vez aprobada la resolución por la Junta de Gobierno Local, no cabe ya reclamación alguna si no es por la vía contenciosa, es decir, por el juzgado. Por lo que este sería el final de la vía administrativa de este proceso. A partir de ahora se inicia un nuevo expediente sancionador que determinará la resolución del contrato.


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